Otro decreto de Milei con poderes sin requisitos claros

Un paquete de reformas institucionales que modifica el mapa de la inteligencia estatal creó una Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) con amplias atribuciones —incluida la posibilidad de adoptar “medidas pasivas” para ocultar información— y amplía las facultades de la SIDE hasta permitir aprehensiones y exigir información a todas las agencias del Estado. La eliminación de estructuras civiles de inteligencia, la militarización de funciones y la reclasificación de las tareas como “encubiertas” han provocado un rechazo transversal: desde organizaciones de derechos humanos y la izquierda, hasta referentes opositores y sectores empresariales. Los críticos advierten que el decreto presidencial configura herramientas para la persecución política, el control sindical y la coartada legal para hostigar al periodismo.

Qué cambia (pieza por pieza)

• Creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). Su mandato oficial incluye “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos” que afecten a las autoridades, los intereses estratégicos o la población. En la práctica, el concepto de contrainteligencia incorpora “el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de actores estratégicos estatales y no estatales”.
• Ampliación de sujetos y facultades. Ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser “sujetos activos” de contrainteligencia; la SIDE podrá exigir información a cualquier agencia del Estado.
• Poder de aprehensión. Los agentes de la SIDE recuperan la facultad de aprehender personas —una potestad que la Ley 25.520 les había vedado— con los riesgos que ello implica para las garantías procesales.
• Sinergia con las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. La SIDE queda habilitada para requerir “asistencia o apoyo técnico y/o logístico” de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad federales y policiales, un regreso a mecanismos de actuación conjunta que los críticos comparan con prácticas de épocas de represión.
• Vaciamiento del ministerio de Defensa. Se elimina la dirección nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), lo que, denuncian los opositores, traslada competencias de inteligencia desde una estructura civil hacia las propias Fuerzas Armadas.
• Ciberespacio bajo control central. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia; su órbita queda asociada a la Jefatura de Gabinete, bajo la responsabilidad operativa de Manuel Adorni, y se prevé la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Secretismo institucionalizado. Un decreto establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, y habilita la ejecución de tareas de inteligencia por “fuga de información clasificada” —una redacción que, según críticos, puede criminalizar el trabajo periodístico.

Voces críticas: todas las banderas apuntan al mismo riesgo

El rechazo a la reforma fue amplio y abarca espectros políticos diversos y organizaciones de derechos humanos:

• Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, sintetizó la alarma: “Es la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”.
• Agustín Rossi, diputado nacional y ex interventor de la AFI, destacó cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; la habilitación de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para hacer inteligencia interior a pedido de la SIDE; la negociación militar sobre presupuesto y recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM (que profundiza la militarización de la defensa); y la contrainteligencia orientada a investigar fugas de información, lo que, afirmó, será una maniobra contra el periodismo. “Es muy grave”, concluyó Rossi.
• Esteban Paulón (Partido Socialista) anunció la próxima presentación de un proyecto para derogar el decreto.
• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) definió la reforma como una “Gestapo para todos y todas”.
• Christian Castillo (FIT) reclamó la anulación del decreto por el Congreso, subrayando que supone “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial”.
• El CELS —referente en derechos humanos— calificó la reforma como “muy regresiva y peligrosa”.
• Incluso el PRO expresó reservas: reclamó que las facultades de aprehensión y las acciones de contrainteligencia sean de “carácter restrictivo y excepcional” y advirtió sobre la imposibilidad del agente de revelar su identidad en el ejercicio de funciones.

Frente a estas críticas, el Gobierno emitió un comunicado afirmando que los cambios están “alineados con los más altos estándares democráticos”.

Riesgos concretos y escenarios probables

1. Persecución política y laboral. Al convertir organismos estatales y entes descentralizados en sujetos de contrainteligencia, la reforma habilita herramientas de vigilancia y control sobre movimientos sindicales, organizaciones sociales y sectores críticos —justo cuando, según denuncias, existe interés en limitar la capacidad organizativa de los laburantes.
2. Agravio a la libertad de prensa. La clasificación de las actividades como “encubiertas” y la criminalización de la “fuga de información clasificada” pueden facilitar investigaciones y sanciones contra periodistas y medios que publiquen filtraciones o documentos oficiales.
3. Militarización de la inteligencia. La eliminación de la DNIEM y la posibilidad de apoyo logístico militar en tareas de inteligencia interior implican un viraje hacia lógicas propias de defensa y operaciones conjuntas con efecto disciplinador sobre la sociedad civil.
4. Opacidad y falta de control parlamentario. La naturaleza encubierta de las actividades dificulta la fiscalización pública y la rendición de cuentas, especialmente si la Comisión Bicameral u otros mecanismos de control no reciben información clara y oportuna.
5. Amenaza a garantías procesales. La facultad de aprehensión sin garantías claras abre un terreno legal riesgoso para detenciones arbitrarias o para el uso de la “inteligencia” como pretexto para intervenciones policiales sobre opositores.

Balance y conclusión

El paquete de reformas configura un cambio de paradigma en el manejo estatal de la información, la vigilancia y las capacidades coercitivas. Los argumentos oficiales de defensa del sistema y del resguardo de “intereses estratégicos” chocan con una lectura amplia del texto que, en la práctica, multiplica puntos de contacto entre inteligencia, fuerzas armadas y aparatos civiles del Estado bajo un manto de secretismo.

Cuando voces que van desde organizaciones de derechos humanos hasta sectores opositores liberales y representantes sindicales coinciden en la gravedad del cambio, la política no puede esquivar el debate: está en juego el equilibrio entre seguridad y libertades, la protección del periodismo y la posibilidad de que la inteligencia se convierta en instrumento de disciplinamiento interno.

La discusión legislativa que se anuncia —proyectos de derogación y pedidos de informes— será la primera prueba de si el sistema republicano logra someter estas decisiones a control público efectivo o si, por el contrario, se afianza una arquitectura de vigilancia que operará con poco escrutinio. Mientras tanto, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos coinciden en la urgencia de revertir o acotar las nuevas facultades antes de que queden institucionalizadas.