Otro miércoles de violencia frente al Congreso
Otro miércoles donde se repite un operativo policial desmedido y se reprime al colectivo movilizado de trabajadores jubilados y columnas de movimientos sociales, políticos y de diferentes ramas y gremios que acompañan y encabezan la lucha. La policía detuvo a cuatro personas, entre ellos, el Padre Paco de Opción por Los Pobres, quien fue liberado horas más tarde. También, hubo una salvaje golpiza a un jubilado que terminó en convulsiones. Se degradan nuestras condiciones de vida por el plan económico de los capitales más concentrados y a la fuerza nos quieren imponer sus condiciones.
Una protesta pacífica desarrollada la tarde del miércoles por las veredas del centro de la ciudad terminó con un operativo policial que incluyó detenciones y enfrentamientos con los manifestantes, denunciaron organizadores y presentes en la movilización.
Según los relatos recopilados, la Policía intervino durante el recorrido y llevó a cabo la detención del padre Francisco “Paco” Olivera acusado de “resistencia a la autoridad”. Olivera fue liberado unas horas después con la intervención de diputados de Unión por la Patria, volvió a ser aprehendido y finalmente fue puesto en libertad nuevamente. Junto al sacerdote, fueron detenidas otras tres personas por la Policía Federal: Ivo Enríquez, Miguel Cali y Fidel Thomas Bravo. A la hora de redactar esta nota, Enríquez y Cali continuaban detenidos por “resistencia a la autoridad”, mientras que Thomas Bravo había sido liberado junto al padre Paco.
En el lugar estuvieron presentes las abogadas de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que acompañaron a los detenidos y a sus familiares durante el operativo.
El padre Paco, con antecedentes de detenciones en movilizaciones de jubilados, denunció “un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”. La jornada, según participantes, incluyó provocaciones policiales y agresiones que no se limitaron a los jubilados: también sufrieron violencia personas con discapacidad y trabajadores de prensa que habían concurrido a marchar en rechazo a la inclusión de la derogación del Estatuto del Periodista en la reforma laboral.
Organizadores y voceros de las organizaciones presentes criticaron la desproporción entre la cantidad de policías desplegados y el número de manifestantes, interpretándolo como una estrategia de imposición por la fuerza. En un pronunciamiento con matices políticos y sociales, señalaron que “los capitales más concentrados” impulsan un plan económico excluyente que conduce al cierre de empresas, pérdida de calidad de vida y precarización laboral, y compararon los métodos de imposición con la violencia internacional —“en Palestina son las bombas; en nuestro país, la guerra económica”— como metáforas del daño social que atribuyen al actual modelo.
Frente a la situación, el movimiento obrero nacional se mostró dispuesto a profundizar las medidas de fuerza: confirmaron la convocatoria a una jornada de lucha para el próximo 10 de febrero. Además, las 62 Organizaciones anunciaron que emitirán este jueves un comunicado sobre la reforma laboral y elevarán una posición al Consejo Directivo de la CGT. Entre los sindicatos que participarán en la definición de posibles medidas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ambas CTA.
Las denuncias sobre el accionar policial, las detenciones y la situación de los imputados serán seguidas por las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos que acompañaron la protesta. Las autoridades policiales locales no difundieron, hasta el momento, un parte oficial con los motivos exactos de las intervenciones ni la situación procesal de los detenidos.
