Para el secretario general de ATE, vivimos una «pesadilla económica»
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó con dureza contra el Gobierno tras la publicación del índice de precios: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el acumulado de 2025 alcanzó el 31,5%. Aguiar advirtió por el “deterioro del poder adquisitivo” y describió la situación como “una pesadilla económica” cuyas consecuencias se traducen en pérdida de empleo, caída de ingresos y aumento de la pobreza.
Para el sindicalista, los números oficiales ratifican un escenario de estancamiento: “La economía no crece, el proceso inflacionario continúa y se reduce el poder de compra de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir”, sostuvo. En ese marco reclamó la reapertura de paritarias en la administración pública central y emplazó al Ejecutivo por la gestión macroeconómica que, según su diagnóstico, prioriza balances sobre la protección del salario.
Los datos sociales y el costo de la canasta
El INDEC también difundió el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de la pobreza: en diciembre llegó a $1.308.713, cifra que ubica a una porción creciente de la población por debajo del umbral de pobreza aun teniendo empleo. En su análisis, Aguiar subrayó que “el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas”.
Un informe académico citado por medios confirma la magnitud del fenómeno laboral: según un trabajo del Instituto Gino Germani (UBA), el 72% de los trabajadores percibe menos de un millón de pesos mensuales —una condición que deja a buena parte de la fuerza laboral por debajo de la canasta— con variaciones entre formales (58%) e informales (89%). Ese diagnóstico, explicó el dirigente de ATE, es coherente con la caída del ingreso real y el aumento de la vulnerabilidad social.
Salarios públicos: crecimiento nominal insuficiente
Aguiar detalló que durante 2025 los salarios de la administración pública registraron un aumento promedio del 17,1%, mientras que la inflación cerró en 31,5% —lo que implica una pérdida real de 14,4% para los estatales desde el inicio del año—. “La destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor”, advirtió. Estas cifras han alimentado la demanda sindical por recomposiciones que compensen la caída del poder de compra.
En su crítica, Aguiar no solo responsabilizó al Gobierno: cuestionó además la dinámica de la negociación colectiva en el sector público y la aceptación de acuerdos por debajo de la inflación. “No puede ser que durante 2025 la paritaria estatal haya quedado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que eso haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad”, afirmó, en referencia a acuerdos firmados por UPCN que, según ATE, no resguardaron el salario real.
El deterioro salarial se combina con aumentos en servicios esenciales: alquileres y combustibles registraron subas por encima del promedio general de precios, presionando todavía más el presupuesto familiar. Relevamientos de cámaras y centros de estudio muestran una retracción del consumo; según informes sectoriales, el nivel de ventas y la demanda minorista cerraron 2025 con cifras que reflejan caída en distintos meses y un comportamiento más cauteloso por parte de los hogares. ATE utiliza estos indicadores para conectar la pérdida de salario real con la caída del consumo y la actividad.
Frente a ese panorama, Aguiar demandó la convocatoria inmediata a paritarias en la administración pública central: “No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo”, concluyó. El reclamo sindical se inscribe en un cuadro de elevada sensibilidad social que combina indicadores oficiales (inflación y canasta), estudios académicos sobre empleo y mediciones del consumo que, en conjunto, marcan el límite de sostener la moderación salarial sin impacto social visible.
