Paro de 72 horas de médicos del PAMI
La resolución firmada el pasado 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) encendió una nueva alarma en el sistema de atención primaria. La modificación del Nomenclador Común del Instituto y del modelo prestacional derivó, según denunciaron profesionales del sector, en una quita superior al 50% de los ingresos de médicos y médicas de cabecera, en un contexto de creciente incertidumbre y desguace de prestaciones.
La medida impulsa un proceso de simplificación administrativa orientado a priorizar el pago por cápita, es decir, sumas fijas por cada paciente, mientras que el esquema vigente hasta ahora combinaba esa modalidad con el pago por prestaciones efectivamente realizadas. Para los profesionales, el cambio implica un fuerte deterioro en la facturación y profundiza la fragilidad de un sector que ya arrastra serias dificultades operativas.
Los médicos de cabecera continúan trabajando bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, y con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales. A ese esquema se suma una estructura de costos que recae íntegramente sobre cada consultorio: alquiler, personal administrativo, servicios, insumos médicos, conectividad, mantenimiento e impuestos. En ese marco, delegados profesionales y asociaciones médicas advierten que la caída en los ingresos mensuales superaría el 50% de la facturación habitual.
La preocupación central pasa por el posible impacto sobre el primer nivel de atención del PAMI, una de las puertas de entrada más importantes al sistema para millones de afiliados. Según plantean los sectores afectados, el nuevo esquema podría provocar una fuga significativa de médicos del sistema y comprometer la continuidad de la atención.
En paralelo, el anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre del Programa Remediar generó una fuerte inquietud en todo el país. Provincias y referentes sanitarios advirtieron por el impacto directo que la decisión podría tener sobre millones de personas que dependen del sistema público para acceder a medicamentos esenciales.
De acuerdo con lo informado en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), el programa habría dejado de funcionar desde el 1° de abril. Para cubrir mayo y junio, se prevé una compra de emergencia, tras la cual sería reemplazado por una estrategia mucho más acotada, limitada a enfermedades cardiovasculares y con provisión de apenas tres fármacos.
La combinación de ambos anuncios profundiza el malestar en el sistema sanitario y abre interrogantes sobre el alcance real del ajuste en áreas sensibles. Tanto en PAMI como en la provisión de medicamentos, las medidas proyectan un escenario de mayor restricción, menos cobertura y más presión sobre profesionales, instituciones y pacientes.
