Pese a sembrar el miedo, hubo una masiva movilización al Congreso

A primeras luces, el ministerio de Seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich, difundió mensajes en varias estaciones de tren de la provincia de Buenos Aires dirigidos a los millones de trabajadores que diariamente se trasladan desde el conurbano hacia la Capital Federal. Dichos mensajes, con tono amenazante, advertían que “la protesta no es violencia, pero la policía actuará frente a cualquier atentado contra la República”, en un intento por desalentar la asistencia masiva a la plaza del Congreso.

Mientras tanto, en la vía pública se gestaba una nueva jornada de movilización. Esta vez, el recorrido contaba con la presencia unificada de sindicatos, partidos políticos, regionales de la CGT, la totalidad de la CTA, organizaciones peronistas y otros colectivos, incluyendo a jubilados, quienes, como en ocasiones pasadas, se manifestaron frente al Congreso en señal de protesta contra el control ejercido históricamente por los grupos económicos.

La tarde estuvo marcada por una intensa acción de la ciudadanía. El pueblo trabajador, organizado y sin dejar cabida a infiltrados, tomó las calles para rechazar abiertamente el plan económico y político del gobierno libertario. Los organizadores denunciaron que, desde el interior del Congreso, se orquestaba una supuesta entrega del país, mientras en el exterior se desataba la represión. Según ellos, esta estrategia buscaba sofocar cualquier germen de organización que pudiera desafiar el dominio sobre los medios de vida de la población.

El operativo policial fue considerable. Las autoridades informaron la presencia de 600 agentes de tránsito y más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, desplegados tanto en el Congreso como en las vías principales, incidiendo en la revisión de vehículos, colectivos y combis. Además, se contabilizaron aproximadamente 720 policías federales y 400 miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en las inmediaciones del recinto.

Cabe resaltar que, a diferencia del miércoles anterior, cuando la policía provocó a los manifestantes antes del inicio de la convocatoria, generando situaciones de tensión, en esta ocasión los trabajadores se presentaron organizados, evitando desencadenar la violencia que caracterizó días previos.

En redes sociales, el hashtag “Estado de sitio” se popularizó, reflejando la preocupación de numerosos usuarios por la creciente militarización en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los reclamos, se destacó la situación de los jubilados, cuya pensión mínima, fijada en $279.121,71, contrastaba dramáticamente con la cifra estimada de al menos $1.200.523 mensuales necesarios para cubrir sus gastos básicos, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad.

Ante esta coyuntura, los sectores que se autodenominan “laburantes” enfatizaron su compromiso por defender a los jubilados, señalando que no permitirán que se les ataque con impunidad.

Sostuvieron que la lucha no es solo por la integridad de los trabajadores y los ancianos, sino también por la defensa de la patria, denunciando que ciertos monopolios, en alianza con la AmCham y la Sociedad Rural, buscan desmantelar el país y subordinar a las clases trabajadoras, jubilados y niños a un modelo de primarización. Según estos grupos, el carácter represivo del actual gobierno se asemeja al de épocas oscuras del pasado, evocando reminiscencias de la dictadura cívico-militar, mientras resaltan la fuerza de la solidaridad y la unión histórica de la clase trabajadora.

Foto: Cooperativa lavaca.org