Por DNU reforman la Policía Federal
Ratificando que el programa de gobierno de Milei cierra con represión y un día antes de la multitudinaria manifestación en defensa de la democracia y en repudio a la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno nacional promulgó el DNU 383/2025, que reforma de manera integral a la Policía Federal. Firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el decreto evita cualquier discusión parlamentaria previa y busca alinear a la fuerza con “los criterios del FBI, tomando ejemplo de Estados Unidos e Israel”.
Durante la presentación conjunta, Milei subrayó tres ejes de su plan de seguridad: “Quien delinque, paga”; “el orden público es intocable, por eso erradicamos los piquetes extorsivos”; y “los de uniforme son los buenos”. Estas consignas, coinciden críticos del oficialismo, justifican la utilización de la fuerza para acallar protestas y facilitar el avance de un programa económico marcado por la apertura indiscriminada y la primarización de la economía.
El DNU faculta a la Policía Federal a prevenir y perseguir delitos federales y complejos, e intervenir contra redes criminales sin requerir autorización judicial para monitorear “espacios públicos digitales” —incluyendo redes sociales y sitios web de acceso libre—. Asimismo, habilita a los agentes a realizar requisas personales sin orden de un juez cuando existan indicios razonables de que la persona oculta elementos ilícitos, o si hay riesgo de pérdida de pruebas, aplicable tanto en la vía pública como en lugares abiertos y durante “operativos de prevención”.
Otro punto controvertido es la posibilidad de retener e interrogar hasta diez horas a quien no acredite su identidad si existen fundamentos para presumir que cometió o planea cometer un delito. Para organizaciones de derechos humanos, estas medidas institucionalizan métodos de “detención y demora arbitraria” que antes sólo se practicaban de hecho.
Con esta reforma, el Poder Ejecutivo otorga un respaldo legal a prácticas represivas que ya se observaban en el accionar policial, profundizando las herramientas de control social y limitando aún más las garantías individuales.
