Preocupante: le fracasó al Gobierno la licitación de deuda
En la licitación que el Gobierno pensó como prueba de fuego para su estrategia económica, se volvió a constatar una realidad incómoda: la operación no logró renovar la totalidad de los vencimientos y dejó al descubierto grietas entre la administración y los actores del mercado. De los $15 billones que el Tesoro salió a refinanciar, apenas se adjudicaron poco más de $9 billones, lo que representa un rollover cercano al 60–61% y obliga al fisco a afrontar un faltante que deberá cubrir en los próximos días.
La matemática de la operación es cruda: el ministerio de Economía buscó reemplazar $15 billones en títulos y consiguió colocaciones por aproximadamente $9.1 billones, dejando sin renovar cerca de $5,7–6 billones que el Tesoro tendrá que inyectar al mercado. Ese hueco no es un simple número técnico: implica emisión, más presión sobre la liquidez y efectos directos sobre la cotización del peso y los precios internos.
Para tentar a los inversores, el Ejecutivo convalidó tasas que hoy suenan estratosféricas para el ahorrista doméstico: rendimientos nominales que, en el tramo corto, llegan a equivaler a cerca del 69,2% anual —o a una tasa efectiva mensual en torno al 4,48%—. Aun así, la remuneración ofrecida no fue suficiente para que el mercado colocara la totalidad de lo que vencía. Esa tensión entre necesidad de financiamiento y aversión al riesgo, quedó manifiesta en la plaza.
Detrás del número hay decisiones privadas que explican parte del resultado: según análisis de operadores y reportes periodísticos, los bancos dejaron de renovar una porción de los bonos que tenían en cartera porque necesitan preservar liquidez ante nuevas exigencias regulatorias y posiciones de encaje. En esa cuenta, se estima que cerca de $1,5 billones quedaron fuera de la renovación porque las entidades optaron por guardar colchón; otros $3,5 billones, siempre según fuentes del mercado, son montos que finalmente quedarán en la plaza y pueden terminar ejerciendo presión sobre el tipo de cambio.
La consecuencia práctica es doble y rápida: por un lado, el Tesoro se ve forzado a emitir pesos adicionales para cubrir compromisos, lo que amplía la base monetaria en un momento de alta sensibilidad; por el otro, la suba generalizada de las tasas de corto plazo encarece el crédito, presiona la actividad y transforma la renovación de deuda en un mecanismo que amplifica la primarización de la economía. En otras palabras: la receta que apuesta por más deuda en pesos para sostener parte del ajuste no logra, por ahora, la adhesión plena del mercado y deja al descubierto la fragilidad del armado.
Esa fractura entre lo que el Gobierno necesita y lo que los mercados están dispuestos a ofrecer tiene también una lectura política: sectores del capital que en teoría respaldan el plan —y que tienen voz en cámaras como Amcham o en foros financieros— empiezan a mostrar signos de cautela o distancia cuando las condiciones no funcionan a su favor. Si la intención era dar señales de confianza para apuntalar la estrategia con apoyos externos —incluido el vínculo con el FMI— lo ocurrido obliga a recalibrar expectativas.
El golpe más directo, sin embargo, lo reciben los salarios y el consumo popular. La eventual emisión de casi $6 billones, sumada a tasas de interés reales negativas para amplios sectores y a la presión sobre el dólar, puede traducirse en más inflación, suba de alimentos y una erosión del poder adquisitivo que afecta con particular dureza a los trabajadores y las capas medias. En ese escenario, la promesa de un reordenamiento rápido de la economía choca con el costo cotidiano que paga la población.
Para el Ejecutivo la licitación dejó una lección incómoda: mostrar alta tasa no garantiza que el mercado renueve su apuesta. Y para la oposición y los sindicatos, la operación aportará munición para advertir sobre los riesgos sociales de una política que, dicen, apuesta por la primarización y el endeudamiento como herramientas centrales. A menos que el Gobierno consiga restablecer confianza en los próximos días —algo que no se logra solo con palabras— la economía seguirá expuesta a saltos de volatilidad que, al final, terminan pesando sobre los bolsillos de los trabajadores.
En definitiva: la operación de la semana no fue solo una cifra fallida en una hoja de balance. Fue una foto de la relación entre el Estado, los acreedores locales y la plaza internacional, una foto donde se ve con claridad que, por ahora, la estrategia oficial cuenta con adherentes a medias y con mercados que exigen condiciones que no siempre coinciden con las promesas de ajuste y estabilidad del Gobierno.
