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“Queremos ser auditados en el marco de las leyes y las instituciones

Los secretarios de Hacienda y General, Matías Ruiz y Juan Alfonsín, respectivamente, detallaron las diversas auditorías regulares a las que se somete la UBA. Asimismo, expusieron los fundamentos legales de la reciente presentación ante la justicia en relación con la competencia de la SIGEN en los procesos de control de la Universidad. 

El secretario de Hacienda, Matías Ruíz, enfatizó que “la UBA ya es auditada por todos los organismos previstos por las leyes vigentes y rinde cuentas de todos los fondos que recibe y ejecuta, es uno de los entes más controlados y auditados del sector público”.

En sintonía con lo expresado por el rector, Ruíz remarcó que: “De ningún modo nos oponemos a las auditorías, pero siempre dentro del marco de la ley”. Explicó en detalle las múltiples instancias de auditoría y rendición de cuentas en las que participa la UBA, tales como la Auditoría General de la Nación, dependiente del Poder Legislativo y la propia Auditoría General de la Universidad, además de transparentar su información a toda la sociedad en la web institucional. Y afirmó: “Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto, ya que recibe la información presupuestaria financiera y contable en tiempo y forma. Nunca, en toda su historia, la UBA se ha negado a ser auditada”.

Además, presentó una propuesta de convocatoria nacional e internacional para que entidades independientes y profesionales realicen una auditoría especial sobre los sistemas de control interno de la Universidad, en complemento a la solicitud del rector a la Auditoría General de la Nación de nuevas auditorías externas para 2025.

El secretario general, Juan Alfonsín, por su parte, detalló la reciente presentación judicial emprendida por la UBA el viernes pasado, en la que se solicitó una acción declarativa de certeza para definir las competencias de control interno sobre las universidades y se pidió la inconstitucionalidad de cualquier intervención del Poder Ejecutivo y la SIGEN. Además, explicó que se solicitó una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo y la SIGEN se abstengan de realizar acciones de intervención en la Universidad, ya que carecen de competencia para ello. 

Alfonsín subrayó: “La UBA nunca ha cuestionado su cumplimiento de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación; estamos en esta controversia precisamente por respetar la ley”. Recordó que la SIGEN tiene competencia exclusiva para el control interno en dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, empresas y sociedades bajo su jurisdicción, pero las universidades nacionales son organismos autónomos e independientes del Poder Ejecutivo.

Concluyó: “Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos”.

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