Récord histórico de familias endeudadas
La presión sobre los bolsillos cotidianos volvió a dar otra señal de alarma: la morosidad de los hogares subió por décimo mes consecutivo y alcanzó en agosto un 6,6% del total de créditos, el valor más alto desde que el Banco Central (BCRA) inició sus series en 2010. El salto fue notable: 0,9 puntos porcentuales respecto a julio, y confirma una tendencia sostenida de atrasos que castiga con especial dureza a los préstamos personales y al financiamiento con tarjetas de crédito. Ambito+1
Según el informe de la autoridad monetaria, la situación no es exclusiva de los hogares: las empresas también acumularon un incremento en su ratio de irregularidad —llegó al 1,4%, el mayor nivel desde comienzos de 2024— y, al computar el sistema en su conjunto, el porcentaje de créditos en situación irregular quedó en 3,7%, 0,5 puntos por encima del mes anterior. Es decir: la caída en la capacidad de pago atraviesa a varios sectores y empieza a reflejarse en el conjunto del sistema financiero.
Los números esconden además una dinámica preocupante en la composición de las deudas. Aunque el BCRA todavía no liberó un desglose detallado por línea en el informe publicado, las proyecciones y las fuentes privadas coinciden en que los préstamos personales y las tarjetas son los canales más afectados. Los refinanciamientos rotativos con tarjeta generan un efecto de bola de nieve: las cuotas se alargan, aumentan los costos financieros y crece la proporción de obligaciones que pasan a estados judiciales o de mora prolongada.
Ese fenómeno de endeudamiento coincide con un contexto de tasas de interés asfixiantes. En agosto la TNA promedio de los préstamos personales fue del 74%, muy por encima de la inflación esperada a 12 meses; durante septiembre y lo que va de octubre las tasas se mantuvieron mayoritariamente por encima del 80% y llegaron a un pico diario del 87%. Con ese costo del crédito, refinanciarse deja de ser una salida temporal para convertirse en una trampa que erosiona el ingreso disponible.
La otra pata de la ecuación es el salario. Los últimos registros oficiales del SIPA muestran alguna mejora nominal en julio para los trabajadores registrados del sector privado, pero esos incrementos todavía están lejos de recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde los peores momentos de la crisis. El efecto es claro: sueldos que no alcanzan y crédito caro que se usa para sostener el consumo básico.
Las voces técnicas que siguen la trama del endeudamiento advierten sobre los perfiles sociales más afectados. Federico Pastrana, director de la consultora C-P, destacó que los segmentos de ingresos bajos y medios son los que más padecen la erosión salarial, mientras que las mejoras en los salarios altos —muchas veces por fuera de las paritarias— distorsionan los promedios oficiales. Por su parte, Germán Romero, del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), señaló que una parte sustantiva del stock de deudas responde a refinanciamientos rotativos con tarjetas: “hay un 9% de estas deudas que son refinanciamiento de tarjeta de crédito, un espiral de endeudamiento”, dijo en medios.
Las cifras que aporta el monitoreo privado son alarmantes en su distribución: apenas un 22% del total de compromisos está al día; un 46% se halla en mora simple y un 33% en instancia judicial. Más del 70% de esas obligaciones se originaron en 2024, en pleno proceso de devaluación e inflación desbordada, lo que revela que la crisis reciente empujó a familias que hasta entonces podían resistir hacia niveles críticos de insolvencia. PAGINA12
El impacto social es directo y cotidiano. Romero lo sintetiza sin eufemismos: “la gente que era de clase media pasó a la pobreza y no está en el radar del Estado para poder ser asistida”. La economía doméstica —hasta hace poco sostenida por ingresos y alguna cobertura formal— depende cada vez más del financiamiento para cubrir alimentos y servicios básicos. “Se endeudan para seguir comiendo”, concluyen los analistas. PAGINA12
Desde el punto de vista macro, la combinación de tasas reales elevadas, salarios rezagados y presión inflacionaria configura una tormenta perfecta para el sistema financiero: los bancos enfrentan un aumento de la mora que puede traducirse en mayores provisiones y menor oferta de crédito; las familias pierden mecanismos de consumo y quedan expuestas a litigios judiciales; y la economía real sufre una contracción del poder de compra que limita la recuperación del mercado interno.
Las opciones de política pública son conocidas: aliviar la carga del crédito —con reestructuraciones ordenadas, controles sobre prácticas abusivas de refinanciamiento y límites temporales a tasas usurarias—, reforzar la red social para captar a los sectores ahora vulnerables y apuntalar ingresos reales mediante negociaciones salariales y transferencias focalizadas. Sin cambios de fondo, el proceso de exclusión financiera seguirá avanzando y la recuperación económica quedará siempre a merced del endeudamiento de los hogares.
La fotografía que dejan estos datos es contundente: la crisis ya no es un asunto de los sectores más pobres; se ha corrido hacia el corazón de la clase media y exhibe la fragilidad de un modelo que apuesta al crédito como sostén del consumo en contextos de inflación alta y tasas prohibitivas. Si la política no articula medidas urgentes y profundas, la mora seguirá escalando y el círculo vicioso del refinanciamiento se comerá, mes a mes, más ingresos familiares.
