Referentes de la CGT salen lentamente del letargo
Gerardo Martínez y La Bancaria encabezan el rechazo obrero a la reforma laboral y previsional del Gobierno
En una jornada que ratifica la creciente tensión entre el movimiento obrero y el Ejecutivo, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y referente de la CGT, advirtió que la central está dispuesta a movilizar contra “una reforma que sea contra los trabajadores”. Las declaraciones, formuladas al término de un encuentro gremial, sintetizan el malestar sindical frente a las políticas económicas y los anuncios de ajustes que, según los dirigentes, profundizan la involución de derechos laborales y previsionales.
“No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho (…) Han quebrado alrededor de veinte mil empresas de distintas actividades. El consumo cae, los bienes transables no son competitivos. La política económica del Gobierno, de abrir fronteras y estar inundados por productos importados, ha generado una recesión importante”, sostuvo Martínez, quien además cuestionó la forma en que el Ejecutivo viene publicitando medidas sin someterlas al debate en los ámbitos de negociación tradicionales. “Muchas cosas que se anunciaron en la semana previa y después de la elección no forman parte de la mesa (…) Es natural que el Gobierno publicite qué quiere hacer, pero eso no se discutió, no hubo consenso”, señaló.
La advertencia de la UOCRA vino acompañada por otro pronunciamiento contundente: tras el Plenario Nacional de secretarios generales, la Asociación Bancaria difundió un comunicado titulado “Resistencia, lucha y compromiso” en el que se posiciona abiertamente en contra de la reforma laboral y previsional impulsada por el Gobierno. En el texto, el sindicato denuncia un plan que busca “destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sin límites sobre los trabajadores/as y jubilados/as” y reafirma “nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”. El documento define con nitidez la estrategia: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega«.
El comunicado de La Bancaria no solo apunta a las reformas económicas sino que también denuncia lo que considera una ofensiva contra la organización y la solidaridad gremial: “Ratificamos nuestra defensa irrestricta de la Banca Pública, pilar fundamental del desarrollo nacional. No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino«. El texto expresa, además, apoyo a seccionales y dirigentes hostigados —menciona a la Seccional Tucumán por un caso de protección a una compañera víctima de violencia sexual— y solidariza con el dirigente Guillermo Moreno, “víctima de una condena política dictada por una justicia que persigue y busca disciplinar a quienes se enfrentan al poder real”.
A la voz de los sindicatos se sumó la de figuras de la experiencia en el ministerio de Trabajo. Carlos Tomada, ex ministro y referente del mundo laboral, rechazó los argumentos que presentan la reforma como una receta para aliviar la crisis. Para Tomada, la iniciativa “no resuelve ninguno de los graves problemas que tiene Argentina” y persigue “incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los empleados”. En su análisis, la reforma tiende a “formalizar la informalidad”, práctica que hoy alcanza cerca del 50% de la fuerza laboral, sostuvo, y puso ejemplos: “Si vas a reclamar a un juez, te dicen que tenés un contrato permitido por la ley”. Contra la idea de que las indemnizaciones frenarían la creación de empleo, Tomada recordó que la doble indemnización duplicó el empleo privado registrado y relativizó la noción de una “industria del juicio”: en la provincia de Buenos Aires, dijo, “solamente el 5% de los 1,5 millones de trabajadores hicieron algún juicio”. Su diagnóstico es tajante: la reforma favorece a los grupos empresarios y perjudica a los laburantes. “Si no hay temor al riesgo, los empresarios hacen lo que quieren”, sentenció.
Las palabras de Martínez, el comunicado de La Bancaria y las reflexiones de Tomada no surgen en el vacío: representan la expresión de un rechazo social y sindical que recuerda experiencias previas de movilización. El artículo remite a la memoria de las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 —cuando amplios sectores se volcaron a la calle contra reformas que entonces pretendía impulsar el gobierno de Cambiemos— y subraya que aquellas movilizaciones fueron un punto de inflexión. “Allí empezó el fin de su gobierno”, suele recordarse en los sindicatos como una lección política: la decisión de no esperar a que el Ejecutivo “cambiara el rumbo”, sino la de confrontarlo cuando las políticas afecten de manera directa derechos y trabajo.
En la lectura sindical, parte de esa confrontación ya está ocurriendo de hecho: “El cierre de 50 fábricas por día, los despidos, el aumento de horas y de persecución en los lugares de trabajo” son, según los gremios, señales de una “reforma laboral de hecho” que se instala en el día a día de la economía. Frente a ese escenario, los sindicatos plantean dos objetivos simultáneos: frenar el avance de las propuestas que consideran regresivas y construir una alternativa de políticas que ponga en el centro la defensa del trabajo, la producción nacional y la banca pública.
Del lado del Gobierno, la estrategia comunicacional —anunciar reformas de impacto y sostener su necesidad en nombre de la “eficiencia” y la apertura— choca ahora con la decisión de amplios sectores organizados de salir a la calle o, al menos, de coordinar una respuesta articulada. Martínez lo dejó en claro: “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho (…) Si no hay diálogo, vamos a actuar con acciones contundentes.”
La mesa de negociación —el Consejo de Mayo y otros ámbitos de representación tripartita— parece, por ahora, insuficiente para bajar la tensión. Los sindicatos exigen no sólo claridad en las propuestas sino garantías reales que eviten la pérdida de derechos; desde el Gobierno, en tanto, se insiste en la necesidad de reformas estructurales. En ese cruce, la calle se perfila como un factor decisivo: la experiencia del pasado reciente y la contundencia de los comunicados sindicales anticipan que el conflicto no será sólo retórico, y que la disputa por el modelo de país seguirá cruzando el calendario político.
Mientras tanto, la central obrera y los gremios que ya se pronunciaron ponen en marcha un plan de resistencia que mezcla la presión institucional con las herramientas de movilización histórica del movimiento obrero. La pulseada quedó planteada: el futuro inmediato dirá si priman los espacios de diálogo con garantías o si la disputa se traslada a la calle con la fuerza organizada de los trabajadores.
