Repercusiones gremiales del decretazo Lijo/García Mansilla
El decreto 137/25, firmado por el presidente de la Nación y el ministro de Justicia, ha desatado una intensa controversia en el mundo gremial al designar «en comisión» a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Mientras sectores sindicales como la CTA y ATE critican duramente la decisión, otros, encabezados por el dirigente Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), apoyan la medida y señalan al Senado como responsable de la demora en la ratificación.
Críticas desde la CTA y ATE
Las CTA, tanto la Autónoma como la de los Trabajadores, han rechazado de forma enérgica la designación, sumando las firmas de Hugo Yasky y Hugo Godoy a su postura. Según sus declaraciones, aunque ambos jueces fueron propuestos hace un año, el hecho de que Lijo haya acumulado más de 30 impugnaciones y García Mansilla otras 20, demuestra que existen serias dudas sobre su idoneidad para encabezar el primer escalafón judicial.
La crítica se centra en que la decisión presidencial, que omite el debate en el Senado, es vista como un acto antidemocrático. Los sindicalistas aseguran que Milei no solo debió retirar las propuestas ante la evidente falta de consenso, sino que, al pasar por encima del parlamento, está agravando la crisis institucional y promoviendo una concentración autoritaria del poder. En palabras de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, la medida forma parte de un accionar que busca garantizar la impunidad del Ejecutivo y debilitar aún más la imagen de una institución ya cuestionada.
El respaldo de la UEJN y la postura de Piumato
En contraste, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, liderada por Julio Piumato, respalda la designación de Ariel Lijo y destaca su amplia trayectoria y conocimientos en materia judicial. Desde esta perspectiva, el decreto es interpretado como una respuesta necesaria ante la inacción del Senado, al que se responsabiliza por entorpecer un proceso que, según el gremio, aportaría un beneficio fundamental para el máximo tribunal de Justicia.
Piumato ha remarcado que los trabajadores ven con esperanza la incorporación de un juez que, históricamente, ha mostrado cercanía con el mundo sindical. Además, recalca que la decisión presidencial, lejos de ser arbitraria, responde a una necesidad de modernizar y fortalecer la Corte Suprema, responsabilizando al conjunto de fuerzas políticas del Senado por la demora en la ratificación de propuestas que llevan tiempo en discusión.
Un escenario de tensiones institucionales
La polémica se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la designación por decreto implica una ampliación de la Corte de tres a cinco integrantes sin el debate parlamentario. Mientras una parte del mundo gremial denuncia una «nueva degradación de la convivencia democrática» y advierte sobre la concentración del poder, otra sector argumenta que, en ausencia de un consenso en el Senado, la medida resulta una solución necesaria para avanzar en el funcionamiento del sistema judicial.
En definitiva, la designación de los jueces Lijo y García Mansilla ha polarizado opiniones en el ámbito sindical: por un lado, se denuncia un exceso de arbitrariedad y un atentado contra las instituciones democráticas; por otro, se confiere al Ejecutivo un rol correctivo ante la inercia del Senado, apostando por un aporte significativo a la Suprema Corte de Justicia. El debate, que se enmarca en la lucha por el control y la transparencia en la justicia, promete seguir siendo un tema central en la agenda política y gremial en los próximos días.
