Faltan vacunas del Covid y aparecen casos
Con una positividad que se triplicó en un mes, alcanzando al 25% de las consultas por síndromes gripales, Argentina enfrenta un nuevo repunte de Covid-19 en un escenario de desarticulación federal y desatención de las secuelas crónicas. La desigualdad en el acceso a las vacunas de última generación revela un sistema de salud fragmentado y expone las consecuencias de la austeridad.
Los datos oficiales, fríos y elocuentes, chocan contra un muro de silencio mediático y desidia política. Una de cada cuatro personas que hoy acude a una guardia con fiebre, tos y dolor de cuerpo tiene Covid-19. Esta cifra, que representa el triple de lo registrado hace apenas cuatro semanas, no es solo un número: es la radiografía de una tercera ola que avanza sigilosa, minimizada por las autoridades y naturalizada por una sociedad exhausta. Sin campañas de concienciación, sin alertas claras y con un sistema sanitario que vuelve a resentirse, la pandemia una vez más deja al descubierto las profundas desigualdades estructurales del país.
Vacunas en el limbo: la geografía desigual de la protección
En este contexto crítico, la herramienta fundamental para mitigar los efectos de la enfermedad –la vacunación– se ve entorpecida por una lógica centralista errática. Varias provincias se encuentran en una espera angustiosa y sin fecha cierta por un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer, cuya distribución depende del gobierno nacional. Esta descoordinación no es un detalle logístico; es un fracaso de la política sanitaria federal que crea ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de residencia.
La primera en elevar el pedido formal fue Formosa, una provincia con históricos desafíos en su sistema de salud, que hoy espera con las manos vacías. Mientras tanto, Tucumán asegura tener «disponibilidad» y Misiones responde con la ambigüedad de que «les quedan algunas dosis». Este mapa desigual es la consecuencia directa de un modelo que, lejos de fortalecer un sistema sanitario integral y federal, lo somete a los vaivenes de una gestión centralizada y a la crónica desfinanciación provincial. La salud, un derecho fundamental, se convierte así en una lotería geográfica.
El verdadero problema: la bomba de tiempo de las secuelas
Para la gran mayoría, la fase aguda del Covid-19 ya no es sinónimo de terror. Se la transita, como se dice livianamente, «como una gripe». Esta percepción, sin embargo, es un espejismo peligroso que oculta la amenaza principal: el Covid prolongado. Las secuelas a largo plazo constituyen la próxima crisis sanitaria subestimada. Pérdida de fuerza muscular, fatiga crónica, alteraciones persistentes del olfato y el gusto, y niebla mental son solo la punta del iceberg de un síndrome que puede incapacitar a una porción significativa de la población activa.
La desfinanciación no solo afecta la compra de vacunas; también implica la falta de políticas públicas para crear unidades de rehabilitación multidisciplinarias, sobre los efectos a largo plazo y campañas que alerten sobre estos riesgos. El mensaje implícito de «si no te hospitalizas, no es grave» es una irresponsabilidad que tendrá un costo social y económico enorme en los años venideros. Se abandona a su suerte a quienes, habiendo «superado» la infección, cargan con sus consecuencias en silencio.
La salud no es un gasto, es una inversión
El repunte del Covid y la respuesta titubeante del Estado son un síntoma de un problema mayor: la mirada cortoplacista y la falta de una estrategia sanitaria integral con perspectiva federal. La desinversión en salud pública, lejos de ahorrar recursos, los multiplica en el futuro en forma de mayor gasto hospitalario, pérdida de productividad y un deterioro generalizado de la calidad de vida.
Es imperativo exigir una distribución ágil y equitativa de las vacunas, pero también es crucial destinar partidas presupuestarias específicas para el tratamiento del Covid prolongado y lanzar una campaña de comunicación honesta que deje de minimizar los riesgos. La salud no puede seguir siendo la variable de ajuste. En un país verdaderamente progresista, la protección de la vida y el bienestar de su pueblo deben ser la prioridad absoluta, no la primera víctima de la austeridad.
