Una investigación del CONICET desmiente las mentiras de Bullrich
El violento accionar de las fuerzas de seguridad en la represión del pasado miércoles frente al Congreso, dejó a Pablo Grillo, fotoperiodista, en estado crítico. Un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia impactó en su cabeza, provocándole pérdida de masa encefálica y obligándolo a una cirugía de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. Su estado sigue siendo reservado.
Mientras el Gobierno justificaba el operativo policial y defendía la represión, una investigación de científicos del CONICET desmontó la versión oficial. La reconstrucción de los hechos, realizada por los peritos Guillermo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto, determinó con precisión la trayectoria del proyectil. «El disparo fue efectuado de manera horizontal y a quemarropa, incumpliendo protocolos internacionales. No fue un accidente: le tiraron a matar«, afirmaron los especialistas.
El protocolo antipiquetes activado por el Gobierno de Javier Milei dio luz verde a un operativo que avanzó con camiones hidrantes y gases lacrimógenos sobre los manifestantes. Entre ellos, jubilados que reclamaban contra el ajuste previsional y que habían logrado cortar las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. La represión no discriminó: golpeó a manifestantes, periodistas y transeúntes por igual.
Lejos de reconocer un uso desmedido de la fuerza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el accionar policial y aseguró que el agente que disparó «lo hizo según el manual». Sin embargo, los peritos desmintieron que el impacto a Grillo fuera fortuito y remarcaron que la actuación de la Policía Federal y Gendarmería Nacional dejó en evidencia una práctica sistemática de represión con munición no letal utilizada como proyectil directo.
Organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad alertan sobre el creciente endurecimiento de las políticas represivas en el país. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió que, desde su asunción, la administración de Milei ha impulsado al menos 25 normativas que amplían el poder de las fuerzas de seguridad y restringen derechos fundamentales.
Entre las medidas más alarmantes se encuentran la implementación del protocolo antipiquetes, que habilita la detención de manifestantes sin pruebas y responsabiliza a organizaciones por la participación de sus miembros; la creación del Comando Unificado Urbano, que centraliza el control de las fuerzas federales sin supervisión judicial; y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que permite el monitoreo de redes sociales sin regulación.
Estos cambios normativos refuerzan un modelo de represión que, según advierten especialistas y activistas, busca desarticular la protesta social y criminalizar la disidencia. «Las balas de goma y los gases no son más que herramientas para sostener un modelo económico que solo beneficia a unos pocos«, denuncian desde sectores opositores.
La brutalidad de la represión del miércoles y el ataque directo a un trabajador de prensa exponen el nivel de violencia estatal con el que se está gestionando el conflicto social. La pregunta que resuena en las calles y en los barrios es clara: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?
