Proyecto para el acceso a wifi en zona de cajas de supermercados

Fue en la Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados provincial que también aprobó una iniciativa para agilizar los tiempos y procesos judiciales de los reclamos, y otra para que las estaciones de servicio coloquen un cartel bien visible informando sobre los productos disponibles. Además se reunieron las comisiones de Clubes y Asociaciones Civiles, Asuntos Culturales, Federaciones y Colegios Profesionales, y Asuntos del Conurbano.

La Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor, presidida por la diputada Florencia Retamoso, aprobó un proyecto proveniente del Senado  estableciendo que los establecimientos y comercios de grandes superficies de la provincia de Buenos Aires garanticen el acceso gratuito del servicio wifi, de conectividad óptima, en el sector de línea de cajas o cobros, debiendo establecer zonas demarcadas y con la información visible, clara y precisa sobre red a utilizar y clave de acceso, en caso de requerirla. Tiene como objeto asegurar el uso de pagos electrónicos a los clientes de esos establecimientos.

Asimismo, se avanzó en la idea de la diputada Natalia Dziakowski que solicita que las estaciones de servicio coloquen un cartel bien visible informando al consumidor sobre los productos disponibles y sus precios, y anuncie si el régimen de atención al cliente es de autoservicio. El objetivo es resguardar el derecho a la información y elección, y así evitar embotellamientos, caos y congestionamientos de tránsito generados por las largas filas de automóviles que se forman en las estaciones de servicio, ya que conociendo con anterioridad si el producto que se desea se encuentra a la venta o no, puede prescindir de la carga en ese momento.

En el mismo sentido, se votó favorablemente el proyecto del diputado Leonardo Moreno, que propone una modificación al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para agilizar los tiempos y procesos judiciales de los reclamos, pudiendo tomar decisiones y dictar sentencia de manera más rápida brindando un trato más equitativo y justo; y que las multas no queden obsoletas, dándole así más credibilidad al Ente Regulador y una solución más eficaz al usuario.

La iniciativa propone que las denuncias no pasen a primera instancia, sino directamente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo, para evitar que se traben durante años en la primera vía.

Por último, se aprobó el proyecto de declaración de la diputada Nazarena Mesías que busca prevenir, concientizar, visibilizar e informar a la población sobre la identificación de los delitos de estafas virtuales. La campaña de prevención estaría destinada a medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, y apunta a alertar aquellas personas que reciban llamadas o comunicaciones vía redes sociales, whats App, correos electrónicos de desconocidos con el fin de obtener datos en su perjuicio.

La Comisión de Asuntos Culturales recibió a distintos representantes del sector audiovisual con la finalidad de conocer su posición en relación al proyecto de ley de promoción de la industria audiovisual en la provincia de Buenos Aires que impulsa el gobernador Axel Kicillof, y parte de una demanda histórica del sector.

Del encuentro, que estuvo encabezado por la presidenta de la Comisión Viviana Dirolli participaron, por el Instituto Cultural de la provincia, su vicepresidente José Ignacio Rossi; la subsecretaria de Industrias Creativas e Innovación Cultural, Cynthia Ottaviano, y el director de Políticas Audiovisuales, Pablo Torello; además de representantes del Foro Audiovisual de la Provincia y de la Multisectorial por el Trabajo de la Industria Audiovisual Argentina -que nuclea a sociedades de gestión, sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras de producción y distribución-, entre otros.

La diputada Dirolli, que resaltó lo que el cine y la producción audiovisual aportan no sólo en términos de cultura e identidad sino también su relevancia desde el punto de vista productivo, convocó al diálogo bajo la premisa de «trabajar la ley para convertirla en la columna vertebral de una política pública sostenida en el tiempo que nos permita hacer un cine bonaerense, que apunte a los distintos tipos de producciones posibles», y que sea complementaria de las políticas de fomento nacionales o locales. «Necesitamos fomentar la producción local, regional y generar los estímulos necesarios con medidas concretas y agresivas para atraer inversiones» aseguró.

Rossi, en tanto, dijo que «tratar este proyecto nos va a permitir dar respuestas a demandas históricas del sector audiovisual, y a que lo reconozca como lo que es: una industria». El funcionario, quien en su rol de diputado (MC) presentó una iniciativa propia, aseguró que «el proyecto del Ejecutivo que se ha nutrido de aportes pre- existentes en la Legislatura» y que viene a dar un marco normativo que promueva y desarrolle la industria audiovisual en nuestro territorio.

Ottaviano, por su parte, puso en el contexto social y político que se está dando tratamiento a este proyecto, que fue elaborado hace más de un año. Tras señalar que el Gobierno nacional castiga «no a quienes somos funcionarios de la Provincia, sino a los 17 millones de habitantes» y la resistencia que el Gobierno bonaerense encabeza frente a la política de desmantelamiento del INCAA y la Ley de Cine; sostuvo que «si tener una ley propia ya era una deuda, ahora es un imperativo moral» y aseguró que el proyecto apunta «a ser un faro, desde la Provincia, de un modelo cultural y de producción soberano».

A su turno, representantes del sector como Guillermo Tello, coordinador general de la Multisectorial; Florencia Calcagno y Adriana Sosa del Foro; Hugo Castro Fau de la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales, entre otros; coincidieron en que, aun siendo perfectible, este proyecto viene a dar respuestas a las demandas que desde el ámbito de la realización audiovisual se reclaman hace tiempo. En este sentido, todos y todas las participantes pidieron que la Legislatura avance en su sanción, y observaron distintos aspectos del proyecto, realizaron pedidos y sugerencias con especial énfasis en una política de fomento que tenga en cuenta las distintas escalas de producción; la protección y generación de mecanismos para promover el trabajo de mano de obra local; y aspectos que garanticen el financiamiento, distribución y exhibición; además de diversidad. En ese sentido, Castro Fau señaló que «en la Provincia uno levanta una piedra y hay una historia. Tenemos guionistas, técnicos, realizadores que pueden contar esa historia. Que la cuenten. Que no sean los de capital federal los que nos cuenten quienes somos los bonaerenses», se ilusionó.

En la Comisión de Clubes y Asociaciones Civiles, presidida por la diputada Luciana Padulo, se aprobaron varios expedientes, de Interés Legislativo y Beneplácito por los aniversarios de diferentes Instituciones Sociales, Deportivas y Bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Y se votó favorablemente un proyecto declarando la preocupación por el malestar que generó en los clubes deportivos las declaraciones del presidente Javier Milei, sobre la adopción de un modelo de sociedades anónimas deportivas.

La comisión de Federaciones y Colegios Profesionales, que preside la diputada Maite Alvado, aprobó dos proyectos de declaración impulsados por la diputada Sabrina Sabat.

El primero de ellos expresa beneplácito y reconocimiento por el «Día del Ingeniero Agrónomo», que se celebra el 6 de agosto de cada año. En tanto que, la segunda propuesta legislativa declara beneplácito y reconocimiento por el «Día del Profesional Veterinario», también celebrado cada 6 de agosto.

Por otra parte, la comisión recibió la visita de referentes y colectivos de profesionales de Fonoaudiología, Psicopedagogía, Podología, Pedicuría, Odontología; del mismo modo, asistieron representantes del sector de martilleros públicos.  

Todas las reuniones compartieron el propósito de recibir distintos planteos sobre la necesidad de modificar y reforzar la legislación vigente, como también la solicitud de crear nuevas entidades que garanticen la correcta regulación de las prácticas profesionales.