Polémica entre Ramón Lanús y el possismo por las fotomultas
La Municipalidad de San Isidro, bajo la gestión del intendente Ramón Lanús, anunció la suspensión por 180 días de los convenios vigentes con las universidades públicas Nacional de San Martín (UNSaM) y Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), encargadas del monitoreo y cobro de las fotomultas en el distrito. La medida, adoptada por decreto el pasado 23 de abril, responde a la detección de “presuntas inconsistencias” en la ejecución de esos acuerdos, según informó el municipio. Durante este lapso transitorio, el gobierno local anunció que reforzará los controles viales con operativos de tránsito en las principales arterias, reemplazando temporalmente las cámaras por agentes municipales a pie de calle..
La administración local justificó la suspensión en fallas operativas y falta de transparencia en el sistema. Lanús subrayó que las fotomultas deben ser una herramienta para la seguridad vial “y no perseguir un fin recaudatorio”. En este sentido, el intendente señaló que a pesar de “reiterados pedidos” de información la documentación recibida presentaba aún “ambigüedades y contradicciones», lo que a su entender obligó a paralizar temporalmente el mecanismo hasta aclarar esos puntos. Hasta entonces, según el municipio, la prioridad será garantizar los controles con patrullajes y agentes de tránsito locales en lugar de las cámaras suspendidas.
El bloque radical afín al exintendente Gustavo Posse reaccionó con críticas. El concejal Walter Pérez calificó la medida de «manera populista» y advirtió que, en la práctica, equivale a una invitación a manejar con imprudencia. Ese sector criticó además la decisión de reemplazar las cámaras por cincuenta nuevos agentes de tránsito en las calles, ironizando sobre si esa cantidad sería “suficiente” para controlar todo el distrito. Desde la oposición aseguran, además, que la administración Lanús busca desacreditar a las universidades públicas –especialmente a la UNSO– por “motivos ideológicos”, argumentando que se siembran sospechas injustificadas sobre su accionar.
La disputa política entre Lanús y el possismo también tiene antecedentes electorales recientes. En las PASO de agosto de 2023, la lista que encabezó Lanús (integrada por Patricia Bullrich y Néstor Grindetti) superó a la encabezada por Macarena Posse (hija del exintendente), cortando así una hegemonía de los Posse en San Isidro que se extendía desde 1983. Desde entonces ambos sectores protagonizan constantes cruces públicos y disputas de poder en el Concejo Deliberante local.
En los últimos meses también se reavivó otra polémica: diez patrulleros que la gestión anterior había adquirido, quedaron almacenados durante años. El concejal Pérez había sostenido que esos móviles «sobraban» debido a la falta de efectivos policiales, pero el gobierno de Lanús los puso a punto y los entregó a la Policía Bonaerense para reforzar el patrullaje en el distrito. El ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, destacó que esos patrulleros habían estado “ocultos” durante tres años bajo la gestión anterior y valoró que la nueva administración finalmente los pusiera en servicio. Esta controversia por los vehículos sin uso se sumó al cruce político sobre el funcionamiento de la seguridad y los servicios en San Isidro.
