El Gobierno pasará a manos privadas Tecnópolis

En una nueva etapa del plan oficial orientado a reducir el tamaño del Estado y transferir activos públicos al sector privado, el Gobierno nacional lanzó este lunes la licitación que busca concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en Villa Martelli (partido de Vicente López). La Resolución 98/2025 formalizó el llamado y habilita la entrega del uso y explotación del predio —de más de 500.000 metros cuadrados— a un adjudicatario privado por 300 meses, con posibilidad de prórroga por un año.

La decisión fue anunciada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su cuenta de X describió el cambio como parte de la salida del Estado de “activos deficitarios” y celebró que el parque “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”. Horas después la medida quedó plasmada en el Boletín Oficial mediante la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El pliego establece un plazo contractual inicial de 25 años para la concesión, con fecha de toma de control prevista para el 1 de julio de 2026. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de 611 millones de pesos y exigió la constitución de una póliza contra incendios por 60.000 millones como garantía exigida al oferente. El valor y las exigencias buscan, según el Ejecutivo, resguardar el patrimonio estatal y garantizar que el operador privado invierta en el mantenimiento y la puesta en valor del predio.

El Estado argumenta déficit estructural; la crítica denuncia despojo
En los fundamentos oficiales se describe a Tecnópolis como un activo “históricamente deficitario”, con gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado. El Gobierno consignó además una deuda acumulada superior a 4.813 millones de pesos y faltantes de equipamiento por 554 millones, datos que sustentan la decisión de avanzar con un modelo de gestión público-privada.

Para los sectores críticos, sin embargo, la medida revela una orientación política más profunda: se trata de transferir bienes simbólicos y estratégicos al mercado, relegando el carácter público y cultural del predio a una lógica de rentabilidad. Desde esa perspectiva, la concesión de Tecnópolis es parte de un paquete mayor que prioriza privatizaciones y concesiones aun cuando los bienes en cuestión cumplen funciones sociales y educativas.

El llamado a licitación llega tras un proceso de “ordenamiento” iniciado en diciembre de 2023, que redujo la planta de personal del predio en más de un 30% —según cifras oficiales, pasó de 333 a 198 empleados— y produjo un cambio en la forma en que se explotan espacios y eventos. El Ejecutivo destaca que el nuevo esquema permitió mejorar ingresos: $600 millones recaudados en 2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de $2.749 millones al cierre del año. Críticos apuntan a que esos números responden a la apertura a eventos privados y a la mercantilización del espacio, no a una estrategia de fortalecimiento cultural pública.

¿Qué deberá garantizar el concesionario?
El pliego obliga al operador a mantener el perfil de Tecnópolis como espacio abierto a la comunidad y a conservar actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas no competitivas. No obstante, la posibilidad de complementar la oferta con inversiones privadas y la exigencia de un canon millonario deja margen para que la gestión priorice espectáculos, concesiones y eventos con fuerte lógica comercial, algo que ha generado inquietud entre organizaciones culturales y movimientos sociales.

Los defensores de la medida sostienen que la concesión liberará recursos estatales, pondrá fin a subsidios recurrentes y permitirá inversiones que el Estado no afrontaría. Para sus críticos, en cambio, la transferencia supone una pérdida de control sobre un espacio que funciona como plataforma de ciencia, cultura y participación; advierten además sobre riesgos de exclusión social si la lógica comercial termina por encarecer el acceso o priorizar espectáculos de alto ticket por encima de actividades comunitarias.

Tecnópolis fue inaugurado en 2011 y desde entonces mantuvo una doble condición: activo cultural de alcance nacional y objeto de disputas políticas sobre su uso. Con la actual decisión de concesionar integralmente el predio, se abre una nueva etapa que, más allá de los números, coloca en tensión un principio central: ¿qué bienes y servicios deben permanecer bajo responsabilidad pública por su valor social, más allá de su déficit contable?

Aunque el contrato incluye exigencias económicas y compromisos de programación, la experiencia de concesiones previas en el país muestra que la letra chica y los mecanismos de control son decisivos: cláusulas de reversión, fiscalización independiente y participación comunitaria son herramientas necesarias para evitar que el predio se transforme en un negocio cerrado al interés público. Activistas culturales y sindicatos plantean que la AABE y la secretaría de Cultura deben garantizar mecanismos de transparencia y rendición permanentes durante todo el plazo concesional.

La licitación de Tecnópolis es, en los hechos, otra pulseada sobre el carácter del Estado y su capacidad para sostener bienes culturales y científicos de acceso público. El argumento de la eficiencia fiscal enfrenta al de la defensa del bien común: si la administración privada logra conservar la apertura social y la programación comunitaria, algunos pueden aceptar la transferencia; de lo contrario, la decisión quedará registrada como parte de un movimiento más amplio de mercantilización del espacio público.

La licitación ya está en marcha y el proceso se desarrollará por vía digital a través del sistema COMPR.AR; el 1 de julio de 2026 será la fecha tope para que el concesionario asuma el control. Hasta entonces, la discusión seguirá: ¿concesión como salvavidas o como transferencia irreversible de patrimonio cultural? El Estado, la sociedad civil y los operadores que se presenten tienen la responsabilidad de dar respuestas.