Lamb Weston cierra en Munro y deja 100 familias en la calle

La multinacional estadounidense Lamb Weston confirmó el cierre de su planta en Munro y la desvinculación de alrededor de 100 trabajadores, como parte de una reorganización que concentrará toda la producción regional en la nueva fábrica de Mar del Plata —donde la empresa había invertido US$ 320 millones—, con el objetivo declarado de aumentar eficiencia y abastecer mercados de América Latina. La decisión ya se traduce en despidos y en una pregunta que el Gobierno deberá responder con hechos: ¿qué plan tiene para frenar la sangría industrial y proteger el empleo?

En su comunicado oficial, la compañía explicó que centralizará operaciones en la planta marplatense —inaugurada recientemente— para “mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa” de su red. Añadió que los trabajadores afectados recibirán indemnizaciones según la normativa local. Sin embargo, la retórica corporativa sobre eficiencia no borra el costo humano: 100 empleos directos que pierden vínculo laboral son 100 familias, consumo local y circuitos de provisión que se debilitan.

No es un caso aislado: patrón de desindustrialización
El cierre de Munro encaja en un patrón reciente que exhibe la fragilidad de la industria argentina frente a decisiones de reestructuración global y a una mayor apertura comercial sin contrapartidas industriales: durante los últimos meses se registraron cierres y relocalizaciones similares —como el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar, que dejó a 220 trabajadores en la calle, y la suspensión de actividades de SKF en Tortuguitas—, hechos que evidencian la pérdida de capacidad productiva y la conversión progresiva de filiales en meras oficinas comerciales o importadoras. Ese proceso erosiona encadenamientos productivos y acumulación de know-how local.

Lamb Weston y otras multinacionales alegan economía de escala, proximidad a materia prima y eficiencia logística —en el caso de Mar del Plata, la cercanía a zonas de cultivo de papa y al puerto— como razones válidas para centralizar producción. Es legítimo que una compañía busque eficiencia, pero no lo es que ese ajuste se traduzca exclusivamente en costos sociales locales sin que el Estado active políticas contracíclicas o mecanismos de negociación que mitiguen el impacto: traslado condicionado, incentivos a la relocalización de proveedores, programas de reconversión laboral, compra pública que sostenga producción local o cláusulas que amparen empleo durante periodos de transición. En este episodio, esas herramientas brillaron por su ausencia.

Voceros políticos y sindicales exigen respuestas
La reacción política local no se hizo esperar: autoridades y representantes sindicales calificaron la medida como “irresponsable” y pidieron intervención estatal y mesas de diálogo para evitar despidos masivos. La diputada provincial Sofía Vannelli, por ejemplo, repudió el cierre y exigió que el Gobierno abra una negociación urgente para garantizar derechos laborales y alternativas para los trabajadores afectados. Las demandas reflejan la sensación —cada vez más extendida— de que la pérdida de plantas productivas no es sólo consecuencia de decisiones empresariales aisladas, sino también del vacío de una política industrial que defienda la producción y el empleo. La diputada advirtió que el cierre de la planta se da en un contexto económico que golpea con fuerza a la industria nacional. “La ausencia de políticas activas para proteger la producción y el empleo está dejando a la deriva a miles de trabajadores. Desde el Frente Renovador advertimos que sin un Estado que regule, acompañe y defienda el trabajo argentino, estas situaciones se van a multiplicar”, sostuvo.

Cerrar una planta como la de Munro no es solo una factura salarial inmediata: implica la quiebra de proveedores locales, caída de la demanda en comercios del corredor industrial, y erosión de capacidades técnicas. Además, cuando la producción se concentra en instalaciones gigantes y lejanas, se acentúa la dependencia de importaciones para el abastecimiento local y se deteriora la resiliencia productiva ante shocks externos. A la luz de la serie de cierres recientes, la pregunta que debería ocupar a funcionarios, cámaras empresarias y sindicatos es si se está diseñando una transición productiva planificada o simplemente asistimos a desmantelamientos que se naturalizan.

Qué debería hacer el Gobierno (mínimos exigibles)

1. Exigir a la empresa un plan social de reubicación y capacitación para todos los afectados, negociar indemnizaciones complementarias y explorar traslado subsidiado de parte del personal a Mar del Plata cuando sea viable.
2. Convocar una mesa público-privada que evalúe cláusulas de mantenimiento de empleo para inversiones futuras y use compras públicas como instrumento de sostén temporal para cadenas de valor locales.
3. Activar un programa de crédito productivo y de apoyo a proveedores pymes para que no pierdan clientes ni capacidades.
4. Elaborar reglas temporarias de comercio exterior —no como proteccionismo indefinido, sino como salvaguardias— para evitar importaciones disruptivas que desarman industrias estratégicas.

Son medidas conocidas y practicadas en otros contextos; su ausencia aquí es la que explica, en buena parte, por qué la “eficiencia” corporativa se transforma en desocupación y desertificación industrial.

El cierre de la planta de Munro y la concentración en Mar del Plata son la arista local de una dinámica más amplia: reestructuraciones globales que encuentran en Argentina un terreno donde la escala, la logística y la política económica permiten que los ajustes se traduzcan en pérdida de empleo masiva. La inversión de US$ 320 millones en Mar del Plata no debería celebrarse si se produce a costa de dejar sin sustento a cien familias y sin respuesta al entramado productivo que quedará desabastecido. Frente a esto, la inacción o las declaraciones inconexas del Estado serán cómplices silenciosos de una desindustrialización que, paso a paso, minimiza la capacidad del país para producir, exportar valor agregado y sostener empleo de calidad. La pelota ahora está en la cancha del Gobierno: o actúa con políticas concretas y condicionamientos a las inversiones, o el cierre de Munro será apenas el prólogo de más cierres y más familias perjudicadas.