Suspenden el servicio del Transporte Bicentenario y los vecinos protestan
El municipio de Vicente López anunció la suspensión del servicio gratuito de colectivos “Bicentenario” a partir del 26 de enero, una medida que motivó el rechazo de un sector de los vecinos que sostiene que la decisión deja sin movilidad a quienes dependían del recorrido. Según el comunicado oficial, la clausura está fundamentada en la baja utilización del servicio —menor a seiscientos pasajeros, la mayoría no residentes, según dice el municipio— y en un costo operativo y de mantenimiento que supera los 2.300 millones de pesos anuales.
En el texto difundido por el Ejecutivo local, el municipio recordó que el Transporte Bicentenario fue creado hace más de 20 años “cuando las necesidades de transporte eran otras” y lo describió actualmente como “un servicio muy poco utilizado por parte de los vecinos y con un costo que resulta injustificable en relación con su impacto real”. El comunicado añade que “la buena y eficiente administración de los recursos públicos es uno de los pilares que hacen a Vicente López el mejor municipio para vivir” y cita a la intendenta Soledad Martínez: “los recursos municipales deben estar al servicio de los vecinos de Vicente López. No se va a sostener una prestación que implique destinar fondos que los vecinos aportan con mucho esfuerzo a través del pago de las tasas a servicios que no responden a las prioridades, necesidades y demandas del distrito”.
La comuna informó además que los 30 trabajadores afectados por la medida mantendrán sus fuentes de empleo sin reducción salarial y que serán reasignados a distintas áreas municipales. La garantía se adoptó tras el pedido formal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), presentado mediante la nota TRMVL-1348-2026, y luego de reuniones entre el Ejecutivo y representantes gremiales. A través del secretario de Gobierno, Enio Vittorini, la intendenta comunicó que la respuesta al planteo sindical fue favorable y que se priorizó la continuidad laboral de los empleados. El STMVL celebró el resultado, atribuyéndolo al diálogo y a la intervención de cuerpos de delegados en defensa de trabajadores no sindicalizados.
Reacción vecinal y reclamos por la falta de alternativas
La suspensión provocó la inmediata reacción de grupos de vecinos, que convocaron adhesiones a un petitorio dirigido a la intendenta Martínez y difundieron sus quejas a través de redes y notas públicas. En el texto firmado por residentes de distintos barrios se indica que, desde el 1 de enero de 2026, el recorrido del servicio había sido modificado y que ese cambio dejó sin acceso a la línea a habitantes de Gervasio Posadas y zonas aledañas. Los firmantes subrayan que el Transporte Bicentenario “consagra el arraigo con nuestros vecinos y vecinas” y es el medio que les permite llegar a su club, escuela, trabajo y otros puntos de interés; agregan que beneficia en particular a jubilados, pensionados con discapacidad, estudiantes y la población general.
Vecinos consultados advierten que en varios tramos no existe una línea de colectivo que reemplace eficazmente el recorrido actual, lo que implicaría —según denuncian— un aislamiento funcional de sectores de la población con menor movilidad. Entre las propuestas planteadas por los vecinos figura la posibilidad de haber probado antes la reconversión del servicio mediante una tarifa accesible, en lugar de optar por la suspensión total.
Balance y preguntas abiertas
La medida pone en el centro el debate clásico entre optimización del gasto público y el derecho a la accesibilidad y la movilidad local. Por un lado, el municipio apela a la rendición de cuentas y al ajuste de servicios con baja demanda y alto costo; por otro, los vecinos reclaman que la evaluación incluya criterios de equidad territorial y de atención a poblaciones vulnerables. El aspecto laboral, por ahora, aparece mitigado por la reasignación y el mantenimiento de los salarios anunciados por el Ejecutivo y avalados por el sindicato.
Hasta el momento, la comuna no detalló un plan alternativo de movilidad para los barrios afectados ni informó un esquema de comunicación directa con los vecinos para evaluar recorridos sustitutos o tarifas experimentales. Tampoco se precisaron indicadores concretos —por ejemplo, la metodología del conteo de usuarios o el desglose del “costo operativo” responsable de la estimación de 2.300 millones de pesos— que permitan a la ciudadanía verificar la proporcionalidad de la medida.
El conflicto plantea, en consecuencia, tres preguntas inmediatas: cómo se garantizará la movilidad de los sectores hoy dependientes del Bicentenario; de qué manera se transparentarán los cálculos económicos que motivaron la suspensión; y si existe espacio para soluciones intermedias (prueba tarifaria, reducción de frecuencia, ajustes de recorrido) antes de su discontinuidad definitiva.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la decisión responde a la protección del interés general y a la eficiencia en la administración de recursos, los vecinos agrupados y firmas del petitorio reclaman una revisión que contemple impactos sociales y opciones alternativas al cese del servicio. El cruce entre eficiencia fiscal y equidad en la accesibilidad marcará, probablemente, los próximos capítulos de la polémica en Vicente López.
