Un corso a contramano
Un cierre de carnaval que debía ser una fiesta familiar, popular y comunitaria terminó convertido en denuncia pública por violencia estatal y detenciones, según los comunicados difundidos por las organizaciones afectadas. El sábado, la celebración autogestionada organizada por Murgas Unidas de Vicente López en la avenida Mitre en Florida Oeste—una tradición construida “con meses de ensayo, organización y compromiso”, según sus propios miembros— fue interrumpida por un operativo de la Patrulla Municipal de Vicente López que, siempre según los textos, desplegó motos, camionetas y móviles, avanzó sobre quienes organizaban la actividad y empleó gas pimienta, proyectiles y golpes.
El rechazo institucional no vino solo desde los organizadores, sino que el Bloque de concejales de Fuerza Patria publicó un comunicado en el que habla de “repudio enérgico” y denuncia un accionar “sin antecedentes” desde el retorno de la democracia. Entre los hechos que enumeran figuran vecinos heridos, concejales agredidos y la detención, que califican de ilegal, del militante Aníbal Acerbo. También resultaron víctimas en el operativo las concejalas y concejales Laura Braiza y Cyrano Lancon, quienes, según el texto, fueron amenazados y alcanzados por disparos con balas de gas.
Que una actividad cultural y comunitaria —montada por vecinos y familias ante la suspensión de las celebraciones oficiales— haya recibido una respuesta policial con elementos de fuerza plantea, en primer lugar, un problema de proporcionalidad: ¿era necesario desplegar un operativo con ese nivel de violencia en un encuentro que, declaran los organizadores, no implicó en el momento que se produjo corte de tránsito ni desorden público? La versión oficial municipal señala que las «actividades se desarrollaron sin los permisos ni autorizaciones correspondientes, pese a reiterados avisos previos de las autoridades municipales«.
La segunda cuestión es institucional y política: la represión de manifestaciones culturales alimenta la desconfianza entre el Estado local y las organizaciones barriales que se ocupan de sostener prácticas populares. Cuando el único recurso visible para resolver un conflicto social deriva en golpes y detenciones —y, según las partes, en amenazas a representantes electos—, se erosiona la confianza en la capacidad del municipio para garantizar derechos culturales y la seguridad de quienes los ejercen. Sobre el particular, el comunicado municipal pone énfasis en señalar que «El municipio no va a permitir que grupos avalados por dirigentes políticos se apropien del espacio público, impidan la libre circulación o pretendan hacer lo que quieran en la calle. Por este motivo, se iniciarán las acciones legales correspondientes contra los organizadores y contra quienes avalaron esta actividad ilegal«. Los organizadores sostienen que el pedido de autorización fue presentando en la Mesa de Entradas municipal, pero nunca fue respondido, como ocurrió en otros años, lo que no impidió que el corso se realzara en paz, armonía y alegría familiar. ¿Qué hubo ahora, que no hubo otros años? Supongamos que el funcionamiento de una parrilla no respetaba los más elementales códigos bromatológicos, su sola clausura hubiese sido suficiente como para que el resto del festejo se hubiese desarrollado.
Desde una perspectiva periodística, corresponde registrar con precisión lo comunicado por las partes, pero también exigir a las autoridades respuestas públicas y comprobables: qué protocolos justificaron el uso de fuerza, quién ordenó el operativo, si hubo identificación del personal interviniente y qué medidas de contención y reparación se ofrecen a las personas heridas y a la persona detenida cuya aprehensión se califica de ilegal. La cultura popular no es un dato menor: es tejido social, educación informal y derecho a la expresión. Reprimirla bajo el pretexto del orden público sin transparencia es una forma de despojo simbólico que requiere contrapesos democráticos. Más cuando se percibe un especial énfasis en el signo político prevalente en la convocatoria, fuerza que en la actualidad es la más persistente oposición que tiene la fuerza gobernante.
La demanda formulada por los murgueros y por el bloque de concejales es clara y elemental: que se investigue, que se sancione si corresponde y que se garantice la posibilidad de celebrar. Tanto o más importante será que el municipio —y sus fuerzas— reconozcan la singularidad de los eventos comunitarios y acuerden protocolos que premien la prevención, el diálogo y la proporcionalidad antes que la represión. Si el carnaval es, como dicen los organizadores, “alegría, encuentro y trabajo comunitario”, la respuesta institucional debería ser protegerlo, no acallarlo.
