Sturzenegger ya amenaza con reforma laboral y educativa
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso su plan ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), integrado por la Sociedad Rural Argentina y las principales cámaras empresarias. Allí dejó claro que, tras las elecciones legislativas de octubre, impulsará una agenda de reformas económicas y educativas diseñadas para favorecer al sector privado. “No será el Estado quien dicte las reglas, sino que facilitamos el marco legal para que las empresas definan lo que convenga a cada rubro”, aseguró.
En ese mismo encuentro, Sturzenegger no ocultó su estrategia: “Los necesitamos como socios de la motosierra, porque así podremos reducir los impuestos”. Con estas palabras, reconoció abiertamente que el objetivo de fondo es garantizar la rentabilidad de los grandes grupos económicos a costa del resto de la sociedad.
Una ley a la medida de pocos
La convocatoria del CICyP, presidida por Marcos Pereda (vice de la Sociedad Rural) y con figuras como Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes de Rioja (UIA), Eduardo Eurnekian (Cámara de Comercio) y Gustavo Weiss (Construcción), sirvió de escenario para delinear el futuro rol del sector privado en la formulación de normas. Incluso Nicolás Pino, titular de la Rural, siguió de cerca cada palabra del ministro.
Sin embargo, cuando surgió la cuestión de la baja de impuestos, el funcionario puso límites a sus propias promesas: “No podemos arrancar pidiendo rebajas impositivas sin antes ajustar el gasto”, explicó. Y añadió: “Si me piden que baje un impuesto, terminan elevándolo en otro lado”.
Flexibilización laboral y educativa
Avanzando en su discurso, Sturzenegger defendió una reforma laboral que adapte las remuneraciones a cada región: “Hoy todos los trabajadores tienen el mismo piso salarial en toda la Argentina; eso introduce una rigidez que impide tomar en cuenta las diferencias productivas o regionales”.
Además, anunció transformaciones en el sistema educativo: criticó que el sector público aún no pueda implementar herramientas digitales. “El Estado no deja ofrecer educación digital porque la normativa se lo prohíbe; vamos a eliminar esa barrera”, prometió.
Un plan alineado con el FMI y las grandes corporaciones
Detrás de ese programa, se vislumbra la continuidad de la política económica que el Gobierno nacional mantiene con el Fondo Monetario y los grandes conglomerados internacionales: primarizar la producción, desinvertir en industria local y profundizar la dependencia financiera.
En suma, el Ejecutivo —acusado de actuar como un “gobierno títere”— busca asegurar a sus aliados internos condiciones impositivas y normativas que les permitan maximizar sus ganancias, mientras promete migajas a otros sectores para sostener su base política en el corto plazo.
