Buenos Aires, la provincia que más afectó la «motosierra»

El ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires presentó un informe contundente que desnuda la gravedad de la situación económica bonaerense y su impacto directo en la vida cotidiana. El incremento sostenido de precios en los alimentos y la incertidumbre laboral son solo algunos de los flagelos que enfrenta la población, reflejando una crisis que parece profundizarse cada vez más. Según el ministro Pablo López, la economía provincial cae un 3,9%, más que el promedio nacional, que registra un retroceso del 3,1%. Aunque la industria bonaerense ha mostrado una leve resistencia frente a este panorama, no alcanza para contrarrestar el declive de la producción manufacturera.

López describió un escenario preocupante: los sectores industriales, comerciales y de construcción están sufriendo caídas de dos dígitos, lo que pone en riesgo cientos de miles de empleos. Su análisis subraya la urgencia de tomar medidas ante el aumento de la pobreza y la destrucción de cerca de 200,000 empleos formales en la Provincia, señalando que este retroceso social y económico necesita un cambio de rumbo inmediato. En sus palabras, “la dinámica de la economía real” es la raíz de la crisis y afecta tanto a las personas como a las estructuras productivas que dependen de la economía provincial.

Los sectores más perjudicados incluyen minerales, papelería, textiles y plásticos, mientras que incluso el sector agropecuario, a pesar de compararse con un 2023 de sequía histórica, muestra actividad económica en descenso. Despejando el efecto de la sequía, el declive alcanza los seis puntos porcentuales anuales, lo que subraya la intensidad de la contracción.

Ante esta situación crítica, López destaca la necesidad de discutir estrategias desde la perspectiva de los trabajadores, dado que estas estadísticas económicas impactan en el día a día de millones de personas. La vida diaria y la alimentación dependen de decisiones económicas ajenas al control de la ciudadanía, y es precisamente en los barrios y las organizaciones locales donde se están discutiendo soluciones urgentes. La crisis obliga a plantear una acción coordinada para abordar los problemas más inmediatos de hambre, desempleo y desvalorización cultural.

En un intento de paliar la situación, el gobierno bonaerense ha anunciado una moratoria fiscal de 45 días a través de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA), buscando recuperar $40,000 millones en deudas por Patentes, Inmobiliario y Embarcaciones. Esta medida pretende compensar, aunque de forma limitada, la reducción de transferencias federales y la falta de obras públicas, que han golpeado duramente a la economía provincial.

Sin embargo, estas medidas no abordan la raíz del problema. La prioridad, plantean muchos trabajadores, debe ser una reorganización económica que ponga en el centro sus intereses y asegure que puedan decidir sobre la producción y distribución de bienes esenciales. La “patria vaciada” necesita soluciones que no solo alivien el momento, sino que también fortalezcan la capacidad de los sectores populares para luchar por una economía justa, con trabajo digno y comida suficiente para todos.

Mientras la Provincia intenta implementar estas medidas paliativas, el debate sobre cómo transformar profundamente el sistema económico sigue abierto. La necesidad de justicia y control sobre los recursos esenciales se presenta hoy como la única salida viable para un futuro donde los bonaerenses puedan reconstruir sus condiciones de vida con dignidad.