Entidades abordaron los derechos laborales de discapacitados
Convocadas por la comisión de discapacidad que preside el diputado Daniel Arroyo (UP), asociaciones e instituciones vinculadas al universo de personas con discapacidad debatieron propuestas para su plena inclusión en el mercado laboral de la Argentina.
Al inicio de la ronda expositora, el representante de FETAP (Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires), Darío Gabriel Corrao, sintetizó el panorama del empleo protegido en el país. “El total de talleres protegidos es de 263, con 6.511 operarios en toda la Nación”, precisó Corrao. Tras advertir que “los empleados perciben la suma de $28.000 por mes, sin actualización desde febrero de 2023”, y refrescar que “desde 2022 acceden al beneficio de la jubilación” -mediante el Programa de Ayuda provisto por la Ley Federal de Empleo Protegido (Ley N°28.816) -, el referente de FETAP instó a garantizar el articulado restante de dicha normativa.
“Solicitamos altas nuevas, aumento de la ayuda económica al 40% de un sueldo mínimo vital y móvil, aplicación de la presentación del programa de ayuda y actualización del monto de las presentaciones del programa”, enumeró Corrao, de cara al fortalecimiento del derecho laboral de las personas con discapacidad en la Argentina. Para finalizar, sugirió en nombre de la Federación una serie de medidas tendientes a este objetivo: “una mesa de diálogo y trabajo, la modificación de la resolución conjunta, la efectivización de solicitudes pendientes de carácter urgente, y la urgente incorporación al presupuesto nacional para poder llevar adelante nuestra Ley de Empleo Protegido”.
A su turno, la referente del Consejo Consultivo de Discapacidad, Laura Velo, aportó estadísticas para dimensionar a la población aludida en territorio nacional: “Sabemos que hay 1.845.079 personas con discapacidad en la Argentina, que son quienes cuentan con el CUD (Certificado Único de Discapacidad). De esas personas, solamente el 35% está en una edad activa laboralmente. Descontando a quienes son auto válidos y aquellos con retraso cognitivo, quedan 600.000 personas, de las cuales sólo el 12% – es decir, 81.000 personas – son las que trabajan, el 58% siendo autónomos, y el 42% restante en partes iguales con trabajo en el Estado y en privados”.
Para Velo es preciso reconsiderar soluciones legales “como la prevista en la resolución n°147 de 2012, que ya crea en el Anexo de la Administración Pública un Sistema Domiciliario de Trabajo Protegido, donde alude que debe capacitarse y formarse al personal para poder incluir a personas con discapacidad”.
Por su parte, Fermin Murall, referente de FEDEDIS (Federación Argentina de Organizaciones sin fines de lucro de y para Personas con Discapacidad), dio notoriedad a los programas inclusivos estatales, “que en muchas provincias están efectivamente activos”, y ponderó de igual modo la alternativa de las prácticas profesionalizantes, “que si bien hay que trabajar con los recursos humanos que disponen las empresas comerciales, se generan puestos de trabajo verdaderos”.
Por el contrario, señaló la urgencia de abordar legislativamente la cobertura del empleo mediado con apoyos, de potenciar el cupo laboral en empresas privadas, y de aportar claridad sobre la legislación en materia de obras sociales para personas con discapacidad, “ya que en muchos ámbitos genera que éste tenga incertidumbre, y no termine accediendo al puesto laboral que le corresponde”.
“El taller protegido es trabajo, y lo que el Poder Legislativo debe hacer de inmediato es que la Ley 26.816 salga y se cumpla”, bregó Murall. “Porque el comienzo de la cultura de discapacidad, el alma de la discapacidad en la Argentina nació en un taller protegido”.
Participaron además de la jornada informativa, el referente de la FENATAP (Federación Nacional de Talleres Protegidos), José Antonio Sauchelli; la coordinadora de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la UNL (Universidad Nacional de Lanus), y representante de la misma en la Red Universitaria de Discapacidad, Marcela Méndez; Graciela Nadia García, abogada y docente de la UBA; Kali Castro Borsani de Orgullo Disca; Guadalupe Bargiela, referente en DDHH de las personas con discapacidad; Estefanía Romero Lorenzo, fundadora de la ONG “Esperanza Hoy y Siempre”, y del espacio de primera infancia “Jardín Virgen del Cerro”; el operador y la referente del Taller Protegido Villa Gobernador Galvez, Fabian Álvarez y Alejadra Lidia Guintales; Romina Stampone y María Martino, de la Asociación de Abogados Laboralistas, y Mariana Obon, de la comisión de personas con discapacidad de APL (Asociación del Personal Legislativo), entre otras cooperativas, asociaciones y referentes ligados al universo de las personas con discapacidad.
