No a los celulares en las primarias bonaerenses

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una norma que limita el uso de dispositivos digitales en las aulas de nivel primario, convirtiendo a la jurisdicción en la tercera del país en regular con carácter prohibitivo la presencia de pantallas durante la jornada escolar. La ley —impulsada por los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán— establece que los celulares y tablets no podrán utilizarse en el aula salvo autorización explícita del docente y exclusivamente con fines pedagógicos, y además obliga al Estado a desarrollar campañas informativas sobre riesgos del uso excesivo de pantallas entre los niños. La medida comenzaría a regir en 2026, según funcionarios.

Sus artífices la presentan como una intervención destinada a recuperar la atención en clase y favorecer procesos de aprendizaje más profundos. Santalla afirmó que la intención no es demonizar la tecnología sino ordenarla: convertirla en un recurso cuando contribuya pedagógicamente y reservar a la escuela como “un espacio para que los chicos se concentren y se desarrollen plenamente”. En sintonía, Mandagarán subrayó que la ley contempla campañas de concienciación dirigidas a familias y comunidades para promover “un uso responsable y seguro” de los dispositivos en la infancia.

La iniciativa apoya su diagnóstico en datos recientes: informes sobre PISA y estudios locales señalan que Argentina exhibe niveles elevados de distracción en el aula por el uso de celulares. Un relevamiento del Observatorio de Argentinos por la Educación consignó que el 54% de los estudiantes de 15 años admite perder la atención por su propio celular o el de sus compañeros, la cifra más alta entre los países participantes, y asocia esa distracción con peores desempeños en asignaturas como matemática. Ese mismo documento y medios periodísticos citan que, a escala provincial, más de la mitad del alumnado reconoce distracciones que afectan atención y desarrollo emocional.

Evidencia científica: entre advertencias y matices

La proliferación de estudios sobre pantallas y niñez no ofrece una única conclusión contundente, pero sí una tendencia: el uso intensivo de pantallas en edades tempranas se vincula con alteraciones del sueño, problemas de atención y efectos socioemocionales en algunos grupos estudiados. Organizaciones pediátricas y revisiones científicas recientes han endurecido sus recomendaciones sobre exposición en la primera infancia y proponen límites y supervisión; a la vez, advierten que la solución no es la prohibición absoluta sino políticas integrales que incluyan educación digital para familias y docentes.

Esa combinación de hallazgos explica por qué defensores de la regulación sostienen la necesidad de medidas firmes: para algunos especialistas, la escuela debe fungir como “un refugio para la atención” y frenar hábitos ya instalados en la vida cotidiana que, de permanecer, complejizan la enseñanza. Mauricio Pedersoli —neurologista infantil consultado en la etapa legislativa— defendía la restricción como un freno necesario frente a lo que considera “consecuencias negativas” del uso masivo de pantallas entre los más chicos. Pero los críticos advierten que la medida puede ser cosmética si no se articulan apoyos a las escuelas (formación docente, más recursos pedagógicos, acompañamiento de las familias).

La ley bonaerense se suma a experiencias previas: Neuquén sancionó una normativa que prohíbe el uso de celulares en los niveles inicial y primario durante toda la jornada, permitiendo su empleo en secundaria únicamente con fines pedagógicos y bajo pautas de autorización; Salta, por su parte, aprobó una prohibición general con excepciones a criterio docente. Ambos casos son citados como antecedente y como fuente de instrumentos operativos (reglamentaciones, excepciones por razones pedagógicas o de salud, pautas para situaciones de discapacidad). La comparación sirve para pensar en la implementación práctica: cada distrito deberá precisar cómo se harán efectivas las sanciones, quién controla y qué apoyos reciben las escuelas para evitar que la norma se traduzca en sanciones disciplinarias desproporcionadas contra estudiantes y familias.

Los defensores sostienen que la ley incorpora elementos que van más allá de la prohibición: campañas en centros de salud y clubes, cartelería en escuelas y material informativo para docentes y familias, así como la flexibilización en casos de discapacidad, emergencias o iniciativas pedagógicas explícitas. Además, distintos actores del sector privado educativo manifestaron su conformidad con la regulación, al considerar que brinda una regla clara para el manejo cotidiano.

Sin embargo, la implementación trae interrogantes concretos. ¿Quién será responsable de supervisar el cumplimiento? ¿Cómo se articularán excepciones por cuestiones socioeconómicas (por ejemplo, donde el celular es la única vía de comunicación entre la escuela y la familia)? ¿Habrá recursos para capacitar a docentes en alfabetización digital y en diseños didácticos que integren tecnología de manera pedagógica? La experiencia en otras provincias indica que la letra de la ley debe complementarse con inversión y formación para que no termine siendo, en los hechos, una norma de control punitivo.

Críticas y advertencias: ¿prohibición o política integral?

Los detractores del texto legislativo alertan que focalizar la respuesta en la restricción puede invisibilizar los factores estructurales que impulsan el uso problemático de pantallas: jornadas laborales que dejan a niños muchas horas solos, falta de espacios seguros de juego, ausencia de políticas públicas para la salud mental infantil y el escaso presupuesto educativo. Desde la academia y algunos gremios, se reclama diálogo con comunidades escolares para construir normas sustentables en el tiempo, además de fortalecer el acceso a materiales y formación que permitan usar la tecnología como herramienta didáctica en secundaria y —cuando corresponda— en primaria.

Más allá de los tecnicismos legales, la sanción bonaerense devuelve al debate público una pregunta política: ¿queremos que la escuela sea un ámbito de contención y atención sin pantallas, o preferimos incorporar dispositivos como parte central de un modelo educativo actualizado? La respuesta no es binaria, pero la legislación marca una elección: priorizar la protección de la atención y la salud cognitiva en la infancia, aun cuando eso exija regular la presencia de la tecnología en el aula. Para que la decisión tenga efectos reales, sin embargo, deberá acompañarse de campañas educativas, recursos, formación docente y mecanismos claros de aplicación que eviten efectos adversos sobre los sectores más vulnerables.

La discusión continuará en 2026, cuando comience a aplicarse la norma; hasta entonces, el desafío es traducir la buena intención declarada por sus promotores en políticas públicas concretas que acompañen a las escuelas, y no en una simple ley de alcance simbólico.