Las universidades nacionales presentaron ante el Congreso de la Nación un documento para la elaboración de un proyecto de ley que garantice y aumente la inversión en el sistema universitario argentino sin crear nuevos impuestos ni poner en riesgo las cuentas públicas del Estado nacional.
Rectores y rectoras, representantes de gremios docentes y nodocentes y dirigentes estudiantiles presentaron ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de las universidades públicas sin afectar las cuentas del Estado. Se trata de una propuesta que busca solucionar la angustiante situación de los salarios, los gastos de funcionamiento, las becas para los estudiantes y los fondos para ciencia y obras, dándole previsibilidad al sistema educativo superior y buscando una solución estructural al problema del financiamiento.
Los principales lineamientos de la propuesta elaborada por las universidades en su conjunto fueron expuestos hoy por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y su vice, Franco Bartolacci, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvieron acompañados por más 30 rectores y rectoras de universidades públicas de todo el país.
La iniciativa propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal, con una ampliación progresiva del presupuesto destinado a las universidades públicas para lograr una inversión del 1,5 % del PBI en 2031. También plantea que los docentes y nodocentes recuperen el poder adquisitivo tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. En otro de sus apartados, crea un fondo específico para incrementar y generar carreras fundamentales para el desarrollo del país y en áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial. En cuanto a las becas, el proyecto establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias.
Los representantes de las universidades fueron recibidos el 28 de mayo en el Congreso de la Nación por los legisladores de distintos partidos que forman parte de la Comisión de Educación, entre ellos sus vicepresidentas Blanca Osuna y Danya Tavela. La diputada Osuna (Unión por la Patria, Entre Ríos) habló del esfuerzo de las universidades para preparar un proyecto en este contexto y planteó la existencia de otros proyectos elaborados por distintos diputados que “seguramente tienen puntos en común” con el trabajado por el CIN. Por su parte, Tavela (Democracia para Siempre, Provincia Buenos Aires) destacó que se trata de un proyecto acompañado por todos los sectores universitarios (rectores, estudiantes, gremios) y plural.
“Hoy lo destinado a inversión en educación superior es el 0,45 % del PBI, cuando históricamente hemos tenido 0,8 %”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, para dar cuenta de la situación de desfinanciamiento que atraviesa el sistema universitario.
En sus exposiciones —y también en el proyecto— los rectores advirtieron que los salarios, medidos contra la inflación desde que asumió el actual gobierno nacional, tuvieron una pérdida del 100 %.
Además, el presupuesto asignado a las universidades para el año 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y extensión.
“Y si vemos los datos de la recaudación tributaria del gobierno nacional, veremos que el Poder Ejecutivo Nacional sí tuvo los fondos suficientes como para mantener tanto los gastos de operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior”, explicó el presidente del CIN.
Por su parte, el estudiante Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), destacó la situación de las becas universitarias, Progresar y Manuel Belgrano, que hoy están congeladas. Y pidió seguir trabajando en unidad con todo el sistema universitario. “No se trata solo del presupuesto, sino del futuro de la Argentina”, dijo.
En el mismo sentido, con énfasis en la brutal pérdida salarial, los representantes gremiales (FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, CETERA y UDA) plantearon la necesidad de una ley que lleve dignidad a los trabajadores docentes, nodocentes y científicos.
La universidad pública es un derecho, y hoy dimos un paso para protegerla
En su primer artículo, el nuevo proyecto de Ley de Presupuesto Universitario plantea que el objetivo central es “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”.
Mientras que, en su segundo artículo, plantea que el incremento de la inversión en educación universitaria se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
Afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua.
Garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y nodocentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo.
Desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y nodocente.
Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales.
Promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad, acorde a las necesidades del desarrollo regional.
Desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales.
Asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades.
Impulsar las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
Asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita.
Incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel.
