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Paro y movilización de los universitarios

La decisión de CONADU llega en un momento crítico, en el que se espera que el Senado decida sobre la ley que busca asegurar el presupuesto necesario para las universidades. La ley propone una actualización bimestral de las partidas presupuestarias basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una recomposición salarial mensual para el personal universitario, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, conforme a la inflación medida por el INDEC. Este ajuste es vital para enfrentar los desafíos económicos actuales y asegurar que el sistema educativo continúe funcionando con los recursos necesarios.

Además, los gremios universitarios se sumarán a la movilización de este miércoles contra el veto presidencial a la ley de reforma previsional, que afecta directamente a los jubilados. La reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, ha generado un fuerte rechazo debido a su impacto negativo en los ingresos de los jubilados, un sector que ya enfrenta serios problemas económicos debido a los recientes ajustes.

Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, subrayó la importancia de estas acciones: “Es esencial que los legisladores comprendan la gravedad de la situación. No podemos permitir que se traicione el mandato popular, especialmente cuando está en juego la estabilidad de nuestros salarios y el futuro de la educación pública”. De Feo destacó que la movilización y el paro buscan presionar para la aprobación de la ley de financiamiento educativo y advertir sobre las posibles consecuencias de un veto presidencial.

En caso de que el Ejecutivo decida vetar la ley de financiamiento educativo, como ya lo hizo con la ley de reforma previsional, los gremios, incluidos CONADU y CONADU Histórica, están preparados para organizar una Marcha Nacional Universitaria. Este tipo de protestas busca expresar el rechazo a la decisión del gobierno y exigir que se cumpla con el compromiso de garantizar un financiamiento adecuado para las universidades y una justa remuneración para sus trabajadores.

El fortalecimiento del sistema educativo es crucial para el desarrollo del país, y las medidas propuestas en el proyecto de ley son fundamentales para asegurar que las universidades puedan continuar brindando educación de calidad y que sus empleados reciban salarios dignos. La movilización de los gremios y el paro anunciado son reflejo del firme compromiso con estos objetivos y una llamada de atención a las autoridades para que prioricen la educación en sus decisiones políticas

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