Pettovello despidió más de 2000 trabajadores
El sector público atraviesa una profunda crisis laboral con recortes que han dejado a miles de empleados en la incertidumbre. Según informó el pasado viernes el Indec, en el último año se perdieron 34.208 puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado. La caída representa una reducción del 10 por ciento en la lista de personal respecto a enero de 2024. En medio de esta polémica, la ministra Sandra Pettovello ha impulsado una reorganización en el ministerio de Capital Humano, al firmar un decreto –aún pendiente de publicación oficial– que redefine la estructura interna y los ámbitos de actuación de sus organismos descentralizados.
En uno de los casos más controversiales, un trabajador de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) recibió un correo notificándole que su contrato, con vencimiento el 28 de febrero, no se renovará a partir del 1 de marzo de 2025. El mensaje también indicaba que, desde el 6 de marzo, se coordinará la retirada de sus pertenencias, en un contexto que suma más de 2000 despidos en esa entidad.
La ola de recortes no se limita a la SENAF. Según informó la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se han producido despidos en varios frentes: la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda –dependiente del ministerio de Economía– registró 400 cesantías; en la dirección nacional de Arquitectura y Obras Públicas se despidieron a 40 de los 52 empleados, y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo contabilizó cerca de 300 salidas.
La respuesta de los trabajadores ha sido enérgica. Tras revisar sus correos electrónicos pasadas las 22 horas del viernes, cientos de empleados del ministerio de Capital Humano se encontraron con noticias desalentadoras. Además, el pasado 20 de febrero, una protesta organizada por ATE –que pretendía prevenir los 2800 despidos que se preveían– fue reprimida con violencia, dejando al menos quince manifestantes con heridas que requirieron atención hospitalaria. Este episodio, que evidenció la falta de diálogo con la gestión, impulsó la convocatoria de un paro que se hizo efectivo el jueves.
Paralelamente, la ministra utilizó sus redes sociales para compartir mensajes celebratorios sobre su papel en la “megacartera”, incluyendo la difusión de un tuit del diputado José Luis Espert, en el que se elogiaba su actuación. Dichas publicaciones han incrementado las críticas hacia su gestión, especialmente al no ofrecer explicaciones sobre cómo sus decisiones han afectado a miles de trabajadores.
Desde distintos msectores sindicales se señala que han venido a hacer esto, se vanaglorian de esto y poseen el control del aparato represivo como para evitar cualquier protesta. Es el combo perfecto del que siempre se habló desde que comenzaron a esgrimir la motosierra como una gracia. La iban a poder aplicar solo con represión, como lo hacen.
Representantes sindicales no han escatimado en palabras. Daniel “Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital, arremetió contra la administración, afirmando que la actual gestión abandona a los sectores más vulnerables y atenta contra derechos fundamentales. “Nadie pone la cara para enfrentar el desastre que generás. Esta gestión va a quedar marcada por dejar a cientos en la calle y por quitar derechos esenciales”, señaló en un mensaje contundente.
Finalmente, en medio de estos recortes –que han reducido drásticamente el número de empleados en lo que fue el ministerio de Desarrollo Social, pasando de más de 6000 trabajadores en diciembre de 2023 a cifras mucho menores en 2024– voces críticas advierten sobre el “exterminio de la política social”. En este clima de tensión y protestas, los sindicatos llaman a la resistencia y a la movilización, alertando sobre un retroceso que podría profundizar las desigualdades y la crisis social en el país.
