Proponen reformar la Oficina Anticorrupción
Pablo Blanco, senador de la UCR por Tierra del Fuego, presentó en los últimos días un ambicioso proyecto para transformar la Oficina Anticorrupción (OA) en un ente con plena independencia funcional y autarquía financiera. La propuesta impulsa que el titular de la OA deje de ser un nombramiento discrecional del Ejecutivo y adquiera rango ministerial, accediendo a través de concurso público por un período fijo de cinco años. Según el texto, quien ocupe ese cargo “contará con plena autonomía técnica” y no estará sujeto a instrucciones del Presidente ni de ningún otro funcionario del Gabinete.
En paralelo, el legislador propone ampliar las atribuciones de la OA para que su esfera de actuación incluya no solo a la Administración Pública Nacional —tanto centralizada como descentralizada— sino también a empresas estatales, sociedades y entes privados que manejen fondos públicos. “La falta de independencia real ha limitado o directamente anulado muchas investigaciones”, advirtió Blanco en los fundamentos de su iniciativa, y agregó que depender de un simple decreto presidencial expone al organismo a presiones de aquellos a quienes debe fiscalizar.
Como parte de la reforma, el proyecto también busca actualizar la Ley 25.188 de Ética Pública, estableciendo la prohibición expresa de que los funcionarios usen sus cuentas personales en redes sociales para avalar o promocionar productos, servicios o proyectos mientras estén en ejercicio de sus cargos. La medida persigue aclarar el límite entre una manifestación personal y un pronunciamiento oficial, ya que el texto señala que “toda declaración realizada en el marco de la función pública debe entenderse como acto estatal”.
Este impulso legislativo llega tras la polémica resolución emitida por la OA el 5 de junio, en la que exoneró al presidente Javier Milei de cualquier falta ética por haber difundido el proyecto de memecoin “Viva la Libertad Project” desde su cuenta personal en X (@JMilei) el pasado 14 de febrero. El organismo, bajo la órbita del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, calificó esa acción como mera “difusión” ciudadana y no “promoción oficial”, decisión que generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del Congreso.
Con esta iniciativa, Pablo Blanco pretende blindar a la futura OA frente a interferencias políticas, garantizar su independencia y dotarla de herramientas legales suficientes para investigar sin obstáculos a cualquier ente vinculado al uso de recursos públicos. De prosperar, el cambio significaría un giro profundo en el sistema de control anticorrupción de la Argentina.
