Aumentan servicios, transporte y alquileres

Empieza diciembre con una nueva embestida sobre los bolsillos populares: en los próximos días se aplican aumentos en la electricidad, el gas, los boletos de transporte, los contratos de alquiler y las cuotas de medicina prepaga. Para amplios sectores de la clase trabajadora esto significa más ajuste, más endeudamiento y menor poder de compra; para los conglomerados que operan los servicios y las empresas del rubro, significa preservar márgenes y consolidar ganancias. Frente a ese cuadro, voces sindicales y sociales reclaman convertir la bronca en un plan colectivo que priorice el bienestar de las mayorías sobre los negocios concentrados.

Qué sube y cuánto pesa en el bolsillo

Luz. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó en noviembre una nueva actualización del Costo Propio de Distribución (CPD) que impactará en las boletas de diciembre: Edesur tendrá un ajuste de 3,53% respecto de octubre y Edenor de 3,6%. Estas resoluciones forman parte de las actualizaciones mensuales que viene aplicando el regulador.

Gas. El esquema tarifario para gas también registró aumentos: las resoluciones publicadas por el ente regulador aplicaron un incremento promedio del orden del 3,8% para facturas con consumos de noviembre, que se trasladarán a boletas fin de año.

Quita de subsidios desde enero. Además, el Gobierno presentó un nuevo esquema denominado régimen único y simplificado para los subsidios energéticos que, en la práctica, implica una fuerte focalización: sólo recibirán asistencia los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes, según la comunicación oficial, a $3.641.397). El cambio —que, según el Ejecutivo, entra en vigencia desde enero— implica que gran parte de los usuarios perderán cobertura y enfrentarán tarifas plenas.

Transporte. El transporte público aumenta de forma escalonada: en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un ajuste del 4,3% que deja el boleto mínimo de colectivo en $593,52 y el viaje en subte en $1.206; en la Provincia de Buenos Aires los colectivos autorizados registran subas de 14,8% que llevan el boleto mínimo del conurbano a $658,44. También se actualizaron peajes urbanos (Perito Moreno y 25 de Mayo y la autopista Illia) con nuevas tarifas en hora pico.

Alquileres. Los contratos de locación se ajustan según la periodicidad pactada: para diciembre los aumentos estimados son del orden del 6,4% en contratos trimestrales, 8,4% en cuatrimestrales, 14,1% en semestrales y hasta 39% en acuerdos con revisión anual, según el índice aplicado en cada caso. En los contratos que aún rigen por la vieja ley de alquileres (derogada pero vigente en algunos acuerdos) la actualización prevista ronda el 28,7% en diciembre. Además, las expensas siguen empujando los montos totales.

Prepagas. Las empresas de medicina privada comunicaron ajustes en las cuotas que oscilan alrededor del 2,1/2,8% para diciembre; muchas compañías alinean sus aumentos con el IPC más reciente.

Contexto macro y distribución regresiva del ingreso

Los aumentos se producen en un contexto de inflación mensual persistente: el INDEC registró subas del 2,1% en septiembre y del 2,3% en octubre, y las estimaciones privadas sitúan la inflación de noviembre también por encima del 2%. Ese ritmo elevó costos de vida durante el año y, con salarios que no acompañan en la misma proporción, pulveriza ingresos reales.

Por otra parte, informes académicos y de observatorios subrayan que el impacto tarifario acumulado sobre los hogares fue brutal: el Observatorio de Subsidios y Tarifas (UBA–CONICET) señaló en julio incrementos acumulados en servicios —luz, agua, gas y transporte— muy superiores a la inflación corriente en el periodo analizado (informes del observatorio reflejaban aumentos del orden del 597% en ciertos rubros desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2025). Eso muestra que la desregulación y las correcciones tarifarias se concentraron en rubros centrales para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.

El resultado es conocido: más transferencia de recursos desde los bolsillos de trabajadores hacia las arcas de empresas concesionarias, grandes prestadores de salud, operadores de transporte y grupos energéticos. Mientras la canasta básica, los servicios y la vivienda se encarecen, los salarios pierden poder adquisitivo y aumenta la precariedad y el endeudamiento familiar.

Desde sectores críticos al modelo económico vigente se interpreta la sucesión de aumentos y la quita de subsidios como parte de un plan más amplio de “primarización” y apertura que favorece la concentración: menos industria, más importados, menos generación de empleo de calidad y más rentas para los grandes grupos. La focalización de subsidios anunciada por el Ejecutivo y la relación con organismos de crédito externos son leídas por críticos como movimientos que afianzan la reproducción de capital concentrado a costa del trabajo. Los datos oficiales de importaciones y la mayor apertura comercial citada por diversos informes refuerzan esa lectura.

Qué reclaman los trabajadores y qué propuesta se necesita

Frente al cuadro represivo sobre el salario social y laboral, se multiplican las demandas:

• Medidas de emergencia para sostener el consumo popular, como topes temporales a aumentos en servicios esenciales y créditos blandos directos a hogares en situación crítica.

• Control y transparencia sobre subsidios: que la focalización no deje afuera a hogares en situación real de vulnerabilidad y que no se use la segmentación como cobertura para traspasar costos a sectores medios y bajos.

• Regulación efectiva de las importaciones y protección de cadenas productivas, para que la apertura no signifique la demolición del tejido productivo nacional ni el cierre sistemático de pymes.

• Aumento real de salarios y protección del empleo, con políticas de recomposición que garanticen que los trabajadores no paguen la factura del ajuste.

Estos ejes deben formar parte de un plan “por la positiva” que propongan las fuerzas sociales y sindicales: no alcanza con denunciar, es preciso diseñar alternativas concretas —fiscal, tarifaria, productiva y laboral— que restituyan poder de compra y protejan la producción nacional.

Diciembre arranca con una sucesión de aumentos que vuelven a tensar a las mayorías populares: servicios esenciales, transporte, vivienda y salud privada avanzan al ritmo de las correcciones oficiales y de las reglas del mercado. Los números oficiales y los informes técnicos muestran que la transferencia de ingresos es real y sostenida. Frente a eso, la tarea de los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones políticas progresistas es convertir el malestar en propuestas concretas y en una hoja de ruta colectiva capaz de reordenar la economía en favor del trabajo y no del lucro concentrado.