¿De qué se trata la Ley de Inocencia Fiscal?
Con 43 votos a favor y 26 en contra, el Senado convirtió en ley el proyecto conocido como Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias centrales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La norma introduce modificaciones profundas en el régimen penal tributario, en la ley de procedimiento fiscal y en el Código Civil y Comercial, y crea un régimen opcional de declaración jurada simplificada que busca facilitar la “formalización” de activos hasta ciertos topes.
Qué cambia en lo esencial
La nueva ley combina alivios procesales y tributarios con un esquema de incentivos para contribuyentes que opten por adherir al régimen simplificado. Entre las modificaciones más relevantes figura el aumento de los umbrales que determinan cuándo una conducta pasa de falta administrativa a delito penal tributario: el piso para evasión simple sube desde $1,5 millones a $100 millones y el de evasión agravada desde $15 millones a $1.000 millones; esos montos se actualizarán anualmente a partir de 2027 por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
La ley crea un régimen opcional dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan límites de patrimonio e ingresos. El tope patrimonial para poder adherir se fijó en $10.000 millones. Bajo este sistema, el organismo ARCA confeccionará una declaración jurada con la información disponible; si el contribuyente la acepta y regulariza el pago en término, quedará liberado de otras obligaciones formales y, según el Gobierno, “blindado” frente a revisiones patrimoniales posteriores.
Plazos, prescripción y condiciones para extinguir la acción penal
La norma reduce la prescripción general de las obligaciones tributarias de cinco a tres años para los contribuyentes cumplidores y establece mecanismos para la extinción de la acción penal: si la denuncia no fue formalmente radicada, el contribuyente puede extinguir la acción penal pagando la deuda más un adicional (se prevé un recargo del 50% si se cancela dentro de los 30 días hábiles desde la notificación), y ARCA no iniciará acciones penales si la deuda y los intereses son saldados —beneficio que, según el texto, sólo puede utilizarse una vez.
El paquete contempla reducciones significativas de sanciones administrativas —hasta 90% en ciertos casos para personas humanas y pymes—, pero también endurece multas específicas, por ejemplo para declaraciones juradas presentadas fuera de término. En los hechos, y aunque el texto no habla de un “blanqueo” formal, la combinación de límites más altos para la persecución penal y de certificados de “inocencia” operativos facilita en la práctica la puesta en orden de activos no declarados.
Defensa y críticas de la norma
El oficialismo defendió la iniciativa como un cambio de paradigma destinado a disminuir la persecución penal sobre conductas de menor cuantía, reconstruir la confianza entre contribuyentes y fisco y promover la formalización de ahorros fuera del sistema. El presidente Javier Milei celebró la sanción y la calificó como un “hito histórico” para incentivar la inversión y el crecimiento, según declaraciones oficiales y redes del Gobierno.
En sentido contrario, opositores, especialistas en derecho tributario y voces de organismos de control alertaron sobre los riesgos de la norma. Críticos señalan que los aumentos de umbrales y la menor exposición al control patrimonial pueden abrir vías que faciliten la evasión sofisticada y limitar la detección de maniobras de lavado o subdeclaración de activos; exfuncionarios y analistas advirtieron además que la medida puede contravenir estándares internacionales de prevención de delitos económicos.
La ley quedó vigente tras la promulgación, por lo que se espera ahora la reglamentación operativa para definir protocolos de ARCA, las planillas de cálculo que aplicarán los alivios y las actualizaciones a las escalas y montos por UVA. Es previsible que la norma genere consultas judiciales y un fuerte debate público en torno a su implementación, además de pedidos de informes por parte de legisladores y organizaciones de control. En el plano económico, el Gobierno sostiene que la medida incentivará la incorporación de activos al circuito formal; sus opositores sostienen que traerá mayor impunidad para grandes evasores si no se implementan simultáneamente controles robustos y cooperación internacional.
