Turismo en tensión: CAME detecta viajes más cortos y menor gasto

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela señales de fragilidad en el sector turístico pese a los intentos oficiales por mostrarlo fortalecido: estadías más cortas, gasto por persona contenido y una expansión de la oferta informal de alojamiento que presiona a la hotelería registrada. La provincia de Buenos Aires aparece entre las más afectadas, con un flujo estimado de 3,6 millones de turistas en la quincena analizada.

Según el diagnóstico de CAME, se está produciendo una “reconfiguración total” del comportamiento del turista nacional. Se impone el llamado “viaje conveniente”: reservas cada vez más cercanas a la fecha, prioridad por experiencias puntuales y eventos combinados con buen pronóstico climático, en lugar de las estadías largas y planificadas con antelación que caracterizaban temporadas anteriores.

En términos de ocupación, el informe registra contrastes regionales: provincias como Córdoba alcanzaron niveles de ocupación entre 90% y 95% en destinos que concentran eventos o atractivos particulares. En cambio, la provincia de Buenos Aires sufrió una caída en el flujo de visitantes comparada con la misma quincena de 2025; CAME estima 3,6 millones de turistas en el periodo, una cifra que, según la propia organización, representa un descenso significativo del movimiento turístico provincial. (Nótese que el informe consignó también una referencia a “casi 100.000” turistas menos, dato que no resulta aritméticamente consistente con una caída del 21% y sugiere un posible error en la publicación original).

La duración de las estadías también se comprimió: el promedio nacional de permanencia se ubicó mayormente entre las 3 y 4 jornadas, variable según la combinación de atractivos —termales, playas de río, propuestas culturales o eventos— presentes en cada destino. Esa menor permanencia se combina con un consumo diario más contenido: el gasto promedio ronda los $100.000 por persona en gran parte del país, mientras que polos de alta tracción turística como Ushuaia llegan a promedios de hasta $370.000 impulsados por excursiones, navegación, gastronomía y el turismo de cruceros internacionales.

Más allá de esos picos, los prestadores tradicionales encendieron la alarma por problemas estructurales. El crecimiento de la oferta informal de alojamiento —viviendas y departamentos que operan fuera del registro y la normativa fiscal y laboral— aparece como el conflicto central: genera asimetrías de costos, presiona las tarifas a la baja y reduce la rentabilidad de hoteles y alojamientos habilitados. Para los operadores formales, esa competencia desleal reduce incentivos a la inversión y dificulta la sustentabilidad del negocio a mediano plazo.

Los efectos se focalizan en las pequeñas y medianas empresas turísticas: menor ocupación promedio y estancias reducidas significan menos ventas en gastrononía, excursiones y comercios locales; la presión sobre precios por parte de la oferta informal, en tanto, erosiona márgenes que ya estaban ajustados. Además, la dependencia creciente de eventos puntuales para sostener la demanda transforma la estacionalidad y eleva la volatilidad de ingresos en los destinos.

El informe de CAME sugiere, implícita y explícitamente, la necesidad de medidas de política pública orientadas a mitigar esos impactos: fiscalización y regulación de plataformas de alojamiento, incentivos para la formalización, promoción segmentada de destinos fuera de picos vacacionales y acciones que fortalezcan la demanda interna sin sacrificar calidad ni condiciones laborales. Para el sector privado, la apuesta pasa por adaptar la oferta a “experiencias” concretas, mejorar la capacidad de venta de última hora y diversificar servicios para captar al turista de decisión tardía.

En suma, la temporada muestra luces y sombras: mientras algunos destinos exhiben ocupaciones elevadas vinculadas a eventos y atractivos puntuales, el mapa general refleja un turismo más corto, de gasto moderado y con desafíos regulatorios que, de no abordarse, podrían profundizar la fragilidad del sector y afectar a los prestadores tradicionales que sostienen empleo y valor agregado local.