Más ajuste: ahora es la tarifa social del transporte

La decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de subsidios para la tarifa social del transporte representa un nuevo avance sobre uno de los pocos mecanismos que aún permitían aliviar el impacto del costo de viajar para los sectores más vulnerables. Bajo el argumento de ordenar las cuentas públicas y reducir el gasto estatal, la administración de Javier Milei dispuso una reforma que, en los hechos, reduce el alcance del beneficio que reciben millones de usuarios de la tarjeta SUBE.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 40/2026, publicada en el Boletín Oficial, y altera la forma en que se calcula el aporte nacional destinado a financiar la tarifa social. Hasta ahora, el descuento del 55% se aplicaba sobre la tarifa vigente fijada por cada jurisdicción. A partir de esta modificación, el subsidio dejará de tomar como referencia el valor real del boleto y pasará a calcularse sobre una tarifa determinada por el Estado nacional, independientemente del precio que establezcan provincias o municipios.

Aunque desde el Gobierno se presenta la iniciativa como una adecuación técnica del sistema, las consecuencias recaerán directamente sobre quienes dependen de ese beneficio para trasladarse diariamente. Jubilados, pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de programas sociales y otros usuarios alcanzados por la tarifa social verán cómo el descuento pierde efectividad frente al constante incremento del precio de los pasajes.

La decisión se inscribe en una política económica cuyo principal objetivo es alcanzar el superávit fiscal, una meta impulsada en línea con las exigencias de los organismos internacionales de crédito, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el equilibrio de las cuentas públicas vuelve a construirse trasladando el costo del ajuste a la ciudadanía y, especialmente, a quienes cuentan con menores ingresos.

El transporte público ocupa hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto familiar. Los sucesivos aumentos registrados durante el último año provocaron que miles de trabajadores destinen una parte significativa de sus salarios únicamente para poder llegar a sus lugares de empleo, estudiar o acceder a servicios básicos. En ese contexto, reducir el alcance de la tarifa social implica profundizar las dificultades económicas de millones de personas.

Pero la resolución va más allá de modificar el cálculo del subsidio. También consolida una estrategia de retiro del Estado nacional respecto de la política tarifaria del transporte urbano. La Nación deja librado a cada provincia o municipio la definición de los valores de referencia sobre los cuales eventualmente podrán sostener beneficios adicionales, aun cuando muchas administraciones locales carecen de recursos suficientes para afrontar ese gasto.

El discurso de la autonomía provincial aparece, así, como el fundamento político para trasladar responsabilidades sin garantizar el financiamiento correspondiente. En lugar de fortalecer el federalismo, la decisión incrementa las desigualdades entre jurisdicciones, ya que solo aquellas con mayor capacidad económica podrán compensar la reducción del aporte nacional. Las demás deberán optar entre incrementar la presión sobre sus propios presupuestos o resignar beneficios sociales para sus habitantes.

Paradójicamente, el propio texto oficial reconoce que existe una marcada dispersión tarifaria y que los incrementos aplicados por provincias y municipios provocaban un crecimiento de las erogaciones nacionales. En lugar de buscar mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del Estado, la respuesta elegida fue limitar el compromiso financiero de la Nación, descargando el problema sobre gobiernos locales y usuarios.

Se trata de una lógica que viene repitiéndose desde el inicio de la actual gestión. La reducción del gasto público se presenta como un objetivo absoluto, aun cuando ello implique deteriorar políticas destinadas a garantizar derechos esenciales. El equilibrio fiscal adquiere prioridad sobre la protección social, mientras los sectores de menores recursos quedan expuestos a afrontar, en soledad, el peso de la crisis económica.

Detrás de cada recorte presupuestario existe una definición política acerca de quiénes deben soportar el costo del ajuste. En este caso, la decisión vuelve a recaer sobre quienes más necesitan del transporte público para desarrollar su vida cotidiana. Mientras se proclama la eficiencia del Estado, miles de usuarios perderán capacidad de acceso a un servicio indispensable.

La modificación del régimen de la tarifa social no constituye un hecho aislado, sino otro capítulo de un modelo económico que privilegia las metas fiscales por encima de las necesidades sociales. Frente a ello, el desafío consiste en debatir qué tipo de país se pretende construir: uno donde el equilibrio de las cuentas se alcance debilitando derechos adquiridos o uno donde las políticas públicas continúen funcionando como herramientas para garantizar igualdad de oportunidades y proteger a quienes más lo necesitan.