El 74% de la población rechaza el plan económico de Milei

El deterioro de las condiciones de vida y el impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei aparecen cada vez con mayor claridad en los relevamientos de opinión pública. Distintas encuestas realizadas durante agosto muestran que una mayoría de los argentinos considera que el rumbo económico afecta negativamente a sus hogares, mientras crece la preocupación por el endeudamiento, la necesidad de multiplicar empleos y la pérdida del poder adquisitivo.

Una encuesta de la consultora Proyección, realizada sobre 1.548 personas, señala que seis de cada diez consultados evalúan negativamente el impacto de la política económica sobre su situación familiar o personal. En la misma línea, el 74 por ciento sostiene que su situación empeoró desde la llegada del Gobierno libertario y un 62 por ciento considera que las condiciones no mejorarán en el corto plazo.

Uno de los datos que mejor expresa el deterioro cotidiano es el endeudamiento. Casi seis de cada diez personas reconocieron haber tenido que pedir dinero prestado para poder llegar a fin de mes. Las principales vías utilizadas son las tarjetas de crédito y las aplicaciones financieras. A esto se suma otra tendencia que se extiende entre los hogares: la búsqueda de un segundo o incluso un tercer empleo para compensar la pérdida de ingresos reales.

El escenario también comienza a traducirse en un costo político para el oficialismo. Según el análisis de Proyección, los indicadores económicos negativos se ubican por encima del 60 por ciento y en algunos momentos alcanzan el 70 por ciento. El 61,6 por ciento de los encuestados afirma que las políticas de Milei afectan su situación familiar o personal. El rechazo se vuelve particularmente significativo entre los mayores de 55 años y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con especial intensidad en el conurbano.

El malestar tampoco se limita a los adultos. Otros relevamientos conocidos durante las últimas semanas mostraron un fuerte retroceso del respaldo juvenil al Gobierno. Entre los jóvenes, especialmente quienes tienen entre 16 y 34 años, los niveles de desaprobación superan ampliamente el 70 por ciento en algunos estudios.

Soberanía y defensa de la patria

La discusión económica se cruza, además, con otra dimensión que aparece con fuerza en los relevamientos: la percepción de que el actual rumbo nacional no responde a los intereses del país.

Una encuesta nacional realizada durante la segunda semana de agosto por Zuban Córdoba indica que el 65,7 por ciento de los consultados considera que las políticas impulsadas por el Gobierno no representan los valores de soberanía nacional ni se encuentran alineadas con la defensa de la patria.

El relevamiento también preguntó por la presencia de la idea de “defensa de la patria” en la sociedad. El 48,3 por ciento respondió que ese valor está hoy más presente que antes, mientras que el 28,1 por ciento sostuvo que permanece igual y el 20,1 por ciento consideró que perdió presencia. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 36,6 por ciento afirmó que la defensa de la patria está más presente y otro 36,6 por ciento respondió que se mantiene igual.

Algo similar ocurre con el concepto de soberanía nacional. El 54,1 por ciento considera que este valor está actualmente más presente en la sociedad, frente a un 25,8 por ciento que cree que se mantiene sin cambios y un 17,3 por ciento que sostiene que tiene menor presencia.

Los números permiten observar que la discusión sobre el modelo económico no se reduce a los ingresos familiares. Para una parte importante de la sociedad, también involucra el destino productivo del país, el control de sus recursos y el tipo de desarrollo que se pretende construir.

Un modelo cuestionado

Desde los sectores sindicales y sociales que cuestionan al Gobierno, estos datos son interpretados como una expresión del conflicto existente entre las necesidades de la mayoría de los trabajadores y un programa económico orientado a profundizar la apertura, el ajuste y el desarrollo de actividades extractivas.

En ese marco se ubica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), particularmente en áreas como minería e hidrocarburos. Sus críticos sostienen que el esquema puede consolidar una estructura económica dependiente de la inversión extranjera y concentrada en la explotación de recursos naturales, con escasa capacidad para generar empleo masivo.

La discusión sobre el trabajo también ocupa un lugar central. El avance tecnológico y la concentración económica modifican las formas de producción y permiten obtener mayores volúmenes con menos trabajadores. Para las organizaciones que cuestionan el rumbo actual, este proceso no puede analizarse separado de la caída de los ingresos y del empleo: mientras aumenta la productividad, se reduce la cantidad de personas necesarias para producir y se profundiza la disputa por el valor generado.

Desde esa perspectiva, el conflicto no sería solamente distributivo sino también productivo y estratégico. El debate gira en torno a quién controla los recursos naturales, quién decide qué producir y para quién, y qué lugar ocupa el trabajo argentino en el modelo económico.

Las movilizaciones de las últimas semanas expresaron parte de ese rechazo. La protesta del 6 de agosto contra el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” fue presentada por sus convocantes como una manifestación contra un modelo que, según denuncian, favorece la concentración económica y la apropiación de recursos estratégicos.

En las calles, fábricas y escuelas, sostienen esos sectores, comenzó a instalarse una discusión más amplia sobre el rumbo del país. El reclamo combina la defensa del salario y el empleo con la demanda de una estrategia productiva que priorice el mercado interno, el desarrollo industrial y el control nacional de los recursos.

Los resultados de las encuestas aportan un dato político relevante: el malestar económico convive con una creciente preocupación por la soberanía y el futuro productivo. En ese escenario, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta llegar a fin de mes, sino también por qué modelo de país se pretende construir.

Para los sectores sindicales y sociales que impulsan las movilizaciones, el desafío consiste en transformar ese rechazo en una propuesta alternativa. La discusión que plantean es qué estrategia económica puede permitir recuperar el poder adquisitivo, generar empleo, desarrollar la producción y evitar que las decisiones fundamentales sobre los recursos argentinos queden subordinadas a intereses externos.

El debate, de este modo, excede la coyuntura económica. Lo que aparece en las encuestas y en las calles es una disputa por el rumbo del país y por quiénes tendrán capacidad para definirlo.