Inflación al alza: 2,1% en julio y 33,8% interanual
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor aumentó 2,1% en julio y cortó una racha de tres meses de desaceleración. La canasta básica alimentaria subió 2,6% y una familia de cuatro integrantes necesitó más de $708 mil para no caer en la indigencia. La canasta que marca el umbral de pobreza llegó a $1.564.716.
Los números oficiales volvieron a poner en tensión uno de los principales argumentos económicos del Gobierno de Javier Milei. Después de tres meses en los que la inflación mostró una moderada desaceleración, el índice de precios volvió a acelerarse en julio y registró un aumento del 2,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos interanuales, la variación alcanzó el 33,8%.
La cifra implica un nuevo freno a la promesa oficial de avanzar hacia una inflación cada vez más baja. Aunque el Gobierno insiste en presentar la desaceleración respecto de los niveles registrados durante 2024 como uno de los principales resultados de su programa económico, el dato de julio vuelve a mostrar que la dinámica de los precios continúa lejos de estar resuelta.
Pero el impacto más concreto de la inflación aparece en los gastos que las familias deben afrontar todos los meses. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 2,6% durante julio, por encima del índice general. Para una familia de cuatro integrantes, el costo de esa canasta alcanzó los $708.016, monto necesario para cubrir los requerimientos alimentarios mínimos y no caer por debajo de la línea de indigencia.
La Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos contempla otros bienes y servicios esenciales y establece el umbral de pobreza, llegó a $1.564.716 para el mismo grupo familiar. El incremento mensual fue del 2,2%, mientras que en la comparación interanual acumuló una suba del 36,1%.
La diferencia entre el índice general y el comportamiento de los gastos esenciales vuelve a poner en discusión qué representa realmente el promedio de inflación para los hogares. Para una familia que destina buena parte de sus ingresos a alimentos, alquiler, transporte, electricidad, gas, agua y otros servicios, una variación promedio del 2,1% puede no reflejar el verdadero aumento de sus gastos mensuales.
En particular, el costo de los servicios y el transporte tiene un peso creciente sobre los presupuestos familiares. La actualización de tarifas y combustibles puede generar un impacto mucho mayor en los ingresos disponibles que el que surge de observar exclusivamente el promedio del Índice de Precios al Consumidor.
La disputa por la metodología
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó los números difundidos por el organismo estadístico y volvió a plantear la discusión sobre la metodología utilizada para medir la inflación.
“Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos”, sostuvo el dirigente, en referencia al reclamo para modificar el sistema de elaboración del índice de precios.
La discusión metodológica lleva varios años y está vinculada con la necesidad de actualizar la estructura de ponderaciones utilizada para calcular el IPC, de manera que refleje con mayor precisión cómo gastan actualmente los hogares. Los cambios en los patrones de consumo pueden hacer que determinados aumentos tengan una incidencia distinta sobre el presupuesto real de las familias respecto de la que reflejan las ponderaciones estadísticas.
Aguiar también cuestionó el resultado económico de la gestión libertaria y sostuvo que las promesas oficiales de reducir sostenidamente la inflación no se tradujeron, desde su perspectiva, en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
“Ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto. Ahora vivimos al día y endeudados”, afirmó.
Para el titular de ATE, la persistencia de los aumentos implica una pérdida constante del poder adquisitivo. “El proceso inflacionario hace que todos los meses los trabajadores pierdan poder de compra y sigan siendo empujados vastos sectores hacia la pobreza”, señaló.
Cuando el promedio no alcanza para explicar la realidad
Uno de los principales cuestionamientos de los sectores sindicales apunta precisamente a la distancia entre la inflación promedio y la evolución de los gastos que resultan inevitables para una familia.
Alimentos, alquiler, transporte y servicios públicos no son consumos que puedan postergarse indefinidamente. Cuando esos rubros aumentan por encima de los salarios, los hogares tienen tres alternativas: reducir consumos, utilizar ahorros o endeudarse.
En un contexto de ingresos ajustados, la tercera opción adquiere cada vez mayor peso. El crédito deja de utilizarse exclusivamente para comprar bienes durables y comienza a funcionar como una herramienta para financiar gastos corrientes. De esta manera, el salario de un mes debe cubrir también compromisos asumidos durante los meses anteriores.
La consecuencia es una pérdida progresiva de capacidad de compra que no necesariamente se percibe en el dato mensual, pero que se acumula en el tiempo.
Aguiar planteó que “tarifas, transporte, servicios y nafta sistemáticamente se ubican por encima del promedio general” y sostuvo que el costo social del ajuste está siendo particularmente elevado.
“Nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto”, afirmó el dirigente.
La discusión excede así el porcentaje mensual de inflación. Lo que está en juego es cuánto de los ingresos familiares queda disponible después de afrontar los gastos indispensables y qué sectores terminan absorbiendo el costo de la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la perspectiva sindical, la respuesta está vinculada con la distribución del ingreso. Aguiar sostuvo que mientras los salarios y las jubilaciones pierden capacidad de compra, determinados sectores económicos logran proteger sus ingresos mediante mecanismos vinculados al dólar y a la evolución de los precios internacionales.
“La persistente inflación sigue licuando salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias”, afirmó.
Los datos del INDEC vuelven a colocar, de esta manera, a la inflación en el centro de la discusión económica. El 2,1% de julio puede representar una cifra moderada en comparación con los niveles de inflación registrados al comienzo de la gestión de Milei, pero para los hogares que deben cubrir cada mes una canasta de alimentos, alquiler, transporte y servicios crecientemente costosa, la discusión pasa por otro lugar: si los ingresos alcanzan o no para llegar a fin de mes.
Y los valores de las canastas básicas muestran que el piso necesario para evitar la indigencia o la pobreza continúa creciendo, mientras una parte importante de los trabajadores debe recurrir al endeudamiento o a más horas de trabajo para sostener consumos que antes podían financiarse exclusivamente con el salario.
