Diputados bonaerenses cuestionan el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierra
Diputados bonaerenses de distintos espacios políticos manifestaron su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales y quedaron sin efecto las restricciones que regulaban la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
A través de un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, los legisladores expresaron su preocupación por las consecuencias que la medida podría tener en la provincia de Buenos Aires. Según plantearon, el régimen anterior establecía límites territoriales para la adquisición de tierras rurales en los municipios alcanzados por la normativa.
Los diputados sostuvieron que la tierra rural no debe ser considerada únicamente como un activo económico, sino que su regulación también está relacionada con la producción agropecuaria, el ordenamiento territorial y la disponibilidad y protección de los recursos naturales. En ese sentido, señalaron que la apertura a las inversiones puede constituir un objetivo de política pública, pero consideraron compatible con ese propósito la existencia de reglas destinadas a limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
El planteo también advierte que la derogación integral del régimen mediante el DNU 70/2023 eliminó los límites establecidos por la legislación anterior sin incorporar simultáneamente un mecanismo alternativo que ofreciera herramientas equivalentes de control.
Qué resolvió la Corte Suprema
La controversia judicial se originó a partir de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023. Una resolución de la Justicia Federal había cuestionado la constitucionalidad de esa disposición.
La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la medida cautelar que impedía la aplicación del artículo. El fundamento central estuvo vinculado con la falta de legitimación del CECIM para promover la acción judicial. Por lo tanto, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
La consecuencia práctica de la decisión es que vuelve a quedar operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado las restricciones previstas por la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Reclamo en la Legislatura
El proyecto reunió las firmas de legisladores de diferentes bloques. Entre quienes lo respaldaron figuran el presidente de la bancada peronista, Facundo Tignanelli, junto con Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Rubén Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro y Viviana Guzzo, entre otros.
También acompañaron la iniciativa Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, del bloque Nuevos Aires; Martín Rozas, de Unión y Libertad; Andrés De Leo y Romina Braga, de la Coalición Cívica; y Alejandra Lordén, titular del bloque UCR. La diversidad de firmas refleja que el debate sobre el régimen de propiedad de tierras rurales excede a una única bancada.
La discusión ya había llegado al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante la sesión del 29 de septiembre. Allí, Tignanelli cuestionó la decisión de la Corte y solicitó incorporar al temario una iniciativa de repudio, además de pedir una moción de preferencia para que los proyectos vinculados con la extranjerización de tierras bonaerenses sean tratados en la próxima sesión.
“Era una amenaza que no estaba antes de iniciar esta sesión y que ahora existe”, sostuvo el legislador, al reclamar que las iniciativas sean tratadas en las comisiones y lleguen al recinto.
Un debate que vuelve al Congreso
La resolución judicial se conoció después de que durante 2026 el Gobierno nacional impulsara nuevamente cambios destinados a eliminar las restricciones sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La falta de respaldo parlamentario y las movilizaciones registradas durante ese proceso impidieron avanzar con esa modificación legislativa, según información publicada sobre el trámite.
Tras el fallo de la Corte, la discusión volvió a instalarse tanto en las legislaturas provinciales como en el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados de la Nación, sectores de la oposición comenzaron a impulsar una sesión especial para discutir el DNU 70/2023 y procurar su rechazo.
En la provincia de Buenos Aires, el debate incorpora además una dimensión territorial específica: los legisladores que cuestionan la derogación sostienen que la eliminación de los límites nacionales dejó a los municipios sin el esquema de restricciones que contemplaba la legislación anterior.
La discusión plantea así una cuestión que combina derechos de propiedad, inversión, producción agropecuaria, ordenamiento territorial y control sobre los recursos naturales. Mientras quienes respaldan una mayor apertura sostienen la necesidad de facilitar inversiones y actividades productivas, los legisladores que impulsan la restitución de límites plantean que esos objetivos pueden coexistir con mecanismos destinados a evitar una concentración excesiva de tierras rurales en manos extranjeras.
