AySA rumbo a la privatización por 30 años
El Gobierno nacional avanzó un nuevo tramo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al aprobar el contrato de concesión que habilita la transferencia de la operación del servicio de agua potable y cloacas a un operador privado por un plazo inicial de 30 años. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, que estableció la hoja de ruta administrativa para continuar con la venta de la participación estatal mayoritaria en la empresa, actualmente responsable del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
Según el esquema aprobado, el Estado deberá desprenderse de al menos el 51% del paquete accionario, que será adjudicado a un operador estratégico mediante una licitación pública nacional e internacional. El resto de las acciones podrá ser colocado posteriormente en el mercado financiero. Aun con el traspaso de la gestión, la infraestructura seguirá siendo propiedad estatal: plantas potabilizadoras, redes de distribución, estaciones de bombeo e instalaciones operativas permanecerán bajo dominio público.
La concesión prevé además la posibilidad de una extensión por otros 10 años, en función del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. En adelante, el futuro operador privado tendrá a su cargo la operación integral del servicio, las inversiones obligatorias, la expansión de la red y el mantenimiento del sistema.
El nuevo contrato también fija metas de ampliación de cobertura para los primeros cinco años de gestión, con el objetivo de incrementar el acceso al agua potable y al sistema cloacal en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La definición de esos objetivos será uno de los puntos centrales de la futura licitación, en un contexto en el que el abastecimiento y el saneamiento siguen siendo servicios sensibles para millones de usuarios.
Uno de los aspectos más delicados del nuevo esquema es el tarifario. La resolución establece revisiones cada cinco años y habilita actualizaciones automáticas para acompañar la inflación y la evolución de los costos operativos. Además, incorpora un sistema de premios y castigos vinculado al desempeño de la empresa en indicadores como calidad del servicio, atención al usuario, cumplimiento de obras y respuesta a reclamos. Ese mecanismo podría tener impacto directo en las boletas de los usuarios del AMBA.
El contrato también refuerza el régimen de penalidades. La empresa concesionaria podrá recibir sanciones económicas si se verifican cortes prolongados, falta de inversiones comprometidas, demoras en la atención de reclamos o incumplimientos técnicos. En los casos más graves, el Estado quedará habilitado para rescindir la concesión y recuperar el control operativo del servicio.
Con la aprobación del contrato, el Gobierno dio el paso formal previo al llamado a licitación para seleccionar al nuevo operador de AySA. La decisión reabre una discusión de fuerte contenido político e histórico en la Argentina sobre el papel del sector privado en la administración de servicios esenciales, especialmente en un área estratégica como el agua y el saneamiento para la población del Área Metropolitana.
