Buscan frenar la Oficina de Respuesta Oficial
El diputado nacional Nicolás Trotta (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados exprese su rechazo a la recién creada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (ORORA) y manifieste su preocupación por el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. La iniciativa, registrada con el número 7244-D-2025, fue ingresada el pasado viernes 6 de febrero.
En el texto de los fundamentos, Trotta advierte que la creación de la dependencia —vinculada al área de Comunicación Digital y al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo— supone un avance preocupante sobre garantías democráticas esenciales. El legislador pone el foco en la función comunicada oficialmente para ORORA —verificar contenidos, desmentir información considerada falsa y señalar errores en publicaciones periodísticas— y afirma que ese mecanismo estatal podría condicionar la circulación de información y aumentar la tensión entre el Gobierno y los medios.
Trotta recuerda, además, antecedentes legislativos orientados a proteger la libertad de expresión, citando entre otros la reforma introducida por la Ley 26.551, que eliminó penas de prisión por calumnias e injurias en asuntos de interés público, y pide que la Cámara fije una postura institucional frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Qué es ORORA y quién la respalda
Según lo difundido por el propio Gobierno, la Oficina de Respuesta Oficial fue creada con el objetivo de intervenir en el debate público cuando el Ejecutivo identifique desinformación o errores en la cobertura mediática. Oficialmente, la dependencia responde al área de Comunicación Digital y se articula dentro de la estrategia comunicacional del Gobierno para contrarrestar lo que define como información falsa o versiones incorrectas.
La creación del organismo contó con el respaldo público del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, que avalaron la necesidad de un instrumento institucional para “responder” a informaciones que, en su criterio, resulten erróneas.
Reacciones del sector periodístico y observaciones internacionales
La novedad despertó rechazo y recelo en organizaciones del periodismo. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió sobre la gravedad institucional de establecer un esquema que, en su diagnóstico, promueva una “verdad oficial” incompatible con una sociedad libre. En términos semejantes se pronunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que expresó preocupación por el posible uso político que pueda tener la nueva dependencia.
Además, el último informe sobre Argentina de la organización Human Rights Watch consignó un clima de confrontación entre el Gobierno y el periodismo, enmarcando la creación de ORORA en una tensión que, según esa lectura, se ha repetido en el discurso público y en reiterados cuestionamientos a la labor de los medios.
Un nuevo frente parlamentario
Con la presentación del proyecto de Trotta, la discusión sobre ORORA desembarcó formalmente en el recinto. La oposición busca que la Cámara de Diputados adopte una postura institucional que, al menos simbólicamente, limite el alcance de la iniciativa o habilite la discusión pública sobre sus alcances y garantías.
El proyecto 7244-D-2025 abre un capítulo que podría derivar en audiencias, pedidos de informes al Poder Ejecutivo y debates en comisiones vinculadas a derechos humanos, comunicaciones y libertad de prensa. En clave política, la iniciativa también funcionará como termómetro del equilibrio de fuerzas en Diputados respecto de temas que intersecan comunicación pública y control estatal de la información.
Qué está en juego
Los defensores de ORORA sostienen que el Gobierno necesita herramientas para desmentir información falsa y corregir errores que circulan en la esfera pública. Sus críticos advierten que el control estatal sobre lo que se considera “verdadero” o “falso” puede convertirse en un mecanismo de presión sobre el periodismo independiente y en un limitador de la pluralidad informativa.
La Cámara de Diputados tendrá en las próximas semanas la oportunidad de pronunciarse sobre un instrumento que, más allá de su nombre técnico, plantea preguntas centrales sobre equilibrio entre gestión de la información, transparencia gubernamental y garantías constitucionales para la prensa.
