En la era Milei, el CONICET perdió el 70% de su presupuesto
Un relevamiento basado en registros oficiales expone el retroceso del organismo durante el gobierno de Javier Milei. La reducción de becas, el desplome de los recursos presupuestarios y la menor cantidad de investigaciones en marcha ponen en riesgo la continuidad del sistema científico y la formación de nuevos investigadores.
La política de ajuste del Gobierno nacional dejó una profunda huella en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, el organismo perdió 3.064 trabajadores, mientras que los recursos presupuestarios se desplomaron un 70% en términos reales respecto de diciembre de 2023. A ese escenario se suma un dato que dimensiona el impacto sobre la actividad científica: los proyectos de investigación vigentes pasaron de 3.179 a fines de 2022 a apenas 480 al cierre de 2025, una contracción del 85%.
Las cifras, elaboradas a partir de información del propio CONICET, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la plataforma Presupuesto Abierto, reflejan un deterioro que alcanza tanto a los recursos humanos como a las condiciones materiales necesarias para producir conocimiento. Investigadores, becarios, técnicos y administrativos integran el universo de trabajadores afectados por la reducción de la estructura del organismo.
Menos trabajadores y una estructura debilitada. En agosto de 2023, el CONICET reunía a 27.961 personas entre investigadores, becarios y personal técnico y administrativo. Tres años después, la cifra descendió a 24.897. La diferencia equivale a una reducción del 11% de su dotación.
El desglose correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 permite observar el alcance del retroceso en las distintas áreas. La cantidad de investigadores bajó de 12.176 a 11.887, mientras que el personal de apoyo pasó de 3.036 a 2.779 trabajadores. En el sector administrativo, la dotación cayó de 1.592 a 1.333 personas, lo que representa una contracción del 16%.
La pérdida de personal no constituye solamente una modificación de las estadísticas laborales. La investigación requiere equipos estables, continuidad en las líneas de trabajo, infraestructura y recursos técnicos. Cuando esas condiciones se deterioran, también se resiente la capacidad de sostener proyectos, formar especialistas y transferir conocimientos al conjunto de la sociedad.
El retroceso en la formación de científicos. Uno de los indicadores más preocupantes es la reducción del número de becarios, una pieza central en la renovación generacional del sistema científico argentino. Las becas doctorales y posdoctorales permiten que profesionales universitarios se especialicen, desarrollen investigaciones y comiencen a construir una trayectoria académica.
De acuerdo con el relevamiento, el CONICET pasó de contar con 10.905 becarios en diciembre de 2023 a 9.638 en diciembre de 2025. Son 1.267 personas menos, una caída del 12%.
La contracción también se refleja en las oportunidades de formación y acceso a la carrera científica. Según los datos consignados, las becas doctorales se redujeron de 1.300 a 1.000 y las posdoctorales, de 800 a 500. Al mismo tiempo, las vacantes para ingresar a la Carrera del Investigador Científico bajaron de 800 a 400, mientras que las convocatorias dejaron de realizarse anualmente y pasaron a tener una frecuencia bienal.
El efecto de estas decisiones excede el presente inmediato. Menos becas y menos ingresos significan menos oportunidades para quienes buscan dedicarse a la investigación y pueden traducirse, a mediano plazo, en una menor disponibilidad de profesionales especializados. También existe el riesgo de que investigadores jóvenes busquen alternativas laborales fuera del país o abandonen una actividad que exige años de formación.
Un presupuesto que perdió capacidad de financiamiento. La reducción de los recursos económicos completa el cuadro. Según el análisis de las partidas presupuestarias, el financiamiento del CONICET pasó de un equivalente de 2,1 billones de pesos en diciembre de 2023 a 635.000 millones de pesos en 2026, con valores ajustados por inflación a junio de este año. La disminución real alcanza el 70% y, solamente entre 2025 y 2026, la caída fue del 33%.
La pérdida de poder adquisitivo condiciona la compra de insumos, el mantenimiento de laboratorios, la renovación de equipamiento y el desarrollo de investigaciones que requieren financiamiento sostenido. En numerosas disciplinas, interrumpir un proyecto no significa simplemente postergar resultados: puede implicar perder años de trabajo, desarticular equipos y desaprovechar recursos invertidos previamente.
El panorama resulta todavía más contundente al observar la evolución de los proyectos científicos registrados como vigentes. De los 3.179 contabilizados a fines de 2022 se pasó a 480 al cierre de 2025. La caída del 85% expone la magnitud del retroceso en la actividad investigativa.
La discusión por los fondos para investigar. En medio de las críticas por el deterioro presupuestario, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, sostuvo recientemente que «los fondos para investigar se triplicaron», en referencia a las herramientas de financiamiento disponibles en el organismo.
Sin embargo, la cantidad de instrumentos o líneas de financiación no permite, por sí sola, establecer cuánto dinero efectivo reciben los investigadores ni cuál es su capacidad real para cubrir los costos de sus trabajos. Para evaluar esa afirmación resulta necesario considerar los montos asignados, su evolución frente a la inflación y las posibilidades concretas de acceder a esos recursos.
La controversia pone en evidencia una discusión más amplia sobre el rumbo de la política científica. Mientras las autoridades destacan la existencia de nuevas herramientas de financiamiento, los indicadores relevados muestran una caída del presupuesto real, de la cantidad de trabajadores y de los proyectos en ejecución.
Ciencia, industria y soberanía nacional. El deterioro del sistema científico también plantea un interrogante sobre el modelo productivo que impulsa el país. La investigación y el desarrollo tecnológico no avanzan de manera aislada: necesitan una estructura industrial capaz de incorporar innovaciones, demandar conocimientos especializados y transformar los resultados científicos en nuevas capacidades productivas.
Desde una perspectiva crítica de la política económica del Gobierno, el ajuste forma parte de un esquema que prioriza la rentabilidad privada y reduce la intervención estatal en áreas consideradas estratégicas. Sus cuestionamientos sostienen que el debilitamiento de las instituciones públicas de investigación puede profundizar la dependencia tecnológica del exterior y limitar las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo autónomo.
La relación entre ciencia e industria resulta especialmente relevante en un contexto de dificultades para distintos sectores manufactureros y de retracción de la actividad económica. Sin inversión sostenida en conocimiento, el país corre el riesgo de quedar relegado a la importación de tecnologías desarrolladas en otros lugares, con menores posibilidades de generar empleo calificado y agregar valor a su producción.
En ese escenario, la discusión no se limita a cuánto dinero recibe el CONICET, sino que alcanza al papel que debe cumplir la ciencia en la sociedad y a quiénes deben beneficiarse con sus avances. La investigación pública puede contribuir a resolver problemas sanitarios, ambientales, industriales y sociales, además de ampliar la capacidad del país para tomar decisiones sin depender exclusivamente de intereses externos.
La caída del empleo científico, el achicamiento de las becas y la reducción de los proyectos plantean, por último, una advertencia que trasciende la coyuntura presupuestaria. Reconstruir equipos, recuperar líneas de investigación y formar nuevas generaciones de especialistas exige tiempo, estabilidad y políticas de largo plazo.
La discusión sobre el futuro de la ciencia argentina remite, así, a una cuestión de fondo: qué modelo de desarrollo se pretende construir y qué lugar ocuparán los trabajadores, las universidades y las instituciones públicas en ese proceso. Para quienes defienden una ciencia soberana, el desafío consiste no solo en preservar las capacidades existentes, sino también en ampliar la participación social en la definición de las prioridades de investigación y orientar el conocimiento hacia las necesidades colectivas.
