Desempleo en ascenso y precarización laboral
En el período comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se registró una pérdida neta de casi 185.000 empleos formales, según datos oficiales de la secretaría de Trabajo. La reducción se distribuyó de la siguiente manera: en el sector privado asalariado se restaron 119.000 puestos (pasando de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores), en el empleo público se disminuyeron 51.000 cargos (de 3.484.000 a 3.433.000) y en el personal de casas particulares se contabilizaron 15.000 menos (de 464.000 a 449.000). En contraste, el número de trabajadores registrados bajo la categoría de monotributistas se incrementó en 25.000, subiendo de 2.037.000 a 2.062.000, lo que refleja un cambio en el panorama laboral.
La tendencia total muestra que el conjunto de trabajadores registrados bajó de 13.392.000 a 13.281.000, lo que evidencia un panorama de ajuste y contracción en el empleo formal. Tradicionalmente, la figura del monotributo estaba reservada para profesionales independientes—como contadores, abogados o médicos—que asumían por cuenta propia sus obligaciones tributarias. Sin embargo, en la actualidad esta figura se ha extendido a otros sectores, utilizándose como mecanismo para precarizar aún más las condiciones laborales: los trabajadores ven incrementada su carga horaria y pierden protecciones, mientras que las empresas trasladan sus responsabilidades fiscales a los propios empleados.
La crisis laboral se agrava en un contexto de recesión y caída de la demanda en 2024. Los efectos de desastres naturales, como la reciente inundación, han forzado a numerosas empresas—especialmente en sectores como el agro, la industria automotriz y la textil—a recurrir a despidos y suspensiones temporales para evitar mayores contratiempos financieros. En noviembre, el registro de trabajo experimentó una leve contracción del 0,1% mensual, lo que se tradujo en la pérdida de 16.500 puestos, siguiendo una tendencia similar observada en octubre. Aunque en ese mes se generaron 2.400 nuevos empleos en el sector privado, la variación neta fue nula y no se vislumbra una recuperación significativa.
A lo largo de la gestión de Milei se han implementado políticas de ajuste drásticas con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, medidas que incluyeron la eliminación progresiva de la obra pública y otros programas de estímulo económico. Este escenario se ve amplificado por una estrategia que prioriza el fortalecimiento de sectores centrales como el agro, el litio, el cobre, el gas y el petróleo, relegando a un segundo plano otros rubros esenciales para la economía, en particular en el conurbano. La concentración de inversiones en estas áreas ha profundizado la precarización laboral y ha agudizado la presión sobre los trabajadores, generando un ambiente de conflicto social y desempleo estructural.
El declive en la calidad del empleo y el aumento de la precarización se han convertido en el reflejo de lo que muchos analistas denominan “el plan de los monopolios”, en el que cada medida política parece alejarse de la protección de los trabajadores y contribuye a desangrar la economía nacional. Con bajos salarios, una oferta de empleo reducida y tensiones en el mercado laboral, el panorama para los trabajadores es cada vez más complejo, dejando entrever que esta tendencia se profundizará en el futuro cercano.