El cinturón productivo bonaerense perdió 90.000 empleos registrados
El proceso de desguace y primarización de la economía, alentado por políticas afines a los grandes grupos concentrados, está golpeando con especial dureza el corazón industrial del país: la provincia de Buenos Aires. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei se contabilizan alrededor de 90.000 puestos de trabajo registrados perdidos, y el epicentro de la destrucción laboral se localiza precisamente en el cinturón productivo bonaerense, donde se concentra el 80% de esos despidos.
Los datos que circulan entre sindicatos, organizaciones sociales y centros de investigación muestran un patrón claro: la industria manufacturera y la construcción lideran la caída. Un informe de CEPA desglosa que, del total de empleos registrados perdidos, 25.950 corresponden a la industria manufacturera y 24.840 a la construcción; atrás aparecen luego sectores como transporte y almacenamiento, que también registran caídas significativas.
La pérdida de empleo viene acompañada de una profunda desocupación de la capacidad productiva. Según datos publicados por el ministerio de Economía del gobierno de Axel Kicillof, la utilización de la capacidad instalada industrial cayó 6,8 puntos porcentuales al comparar septiembre de 2023 con septiembre de 2025; en el rubro de la construcción, el desplome provincial supera el 20%. “La producción bonaerense de insumos del sector, como cemento y hierro, cae por segundo año consecutivo, con bajas de hasta dos dígitos versus 2023”, señala el reporte provincial.
El caso de la industria textil sintetiza la gravedad del fenómeno: fábricas que alguna vez fueron el pulso de barrios enteros hoy trabajan con apenas un tercio de su capacidad. Encuestas entre empresas del sector muestran una utilización de la capacidad instalada de alrededor del 35%. Para los trabajadores, ese porcentaje no es una cifra abstracta: significa suspensiones, despidos y el cierre —cada vez más frecuente— de plantas que integran cadenas productivas completas.
Marcos Meloni, empresario del sector y vicepresidente de la fundación Proteger, describe con crudeza las dificultades del rubro: “El dólar subió cerca de cuatro veces, pero la luz y el gas entre siete y ocho veces, es decir, se te duplicó el costo en dólares y así es imposible competir”. Meloni, que tiene dos plantas —en Quilmes y Luján— donde se realiza buena parte del proceso productivo desde el hilado al teñido y estampado, confirma la aceleración de la crisis: “Hoy en día ya estamos funcionando a un 35 por ciento de la capacidad instalada”.
El diagnóstico de empresarios y de la dirigencia sindical converge en un dato político: la estrategia oficial —acompañada por cámaras empresarias como Amcham, las exigencias del FMI y la bendición política de actores internacionales— promueve una agenda de primarización que degrada el tejido industrial. Para avanzar en ese plan, advierten voces del arco obrero y de la economía popular, es imprescindible debilitar el cordón productivo bonaerense, la zona donde se concentra la mayor parte de la producción manufacturera y el empleo industrial.
La consecuencia social es inmediata. Comunidades enteras vinculadas a fábricas textiles, metalúrgicas y de insumos de la construcción experimentan una doble ofensiva: por un lado, la pérdida de salarios y trabajo formal; por otro, la degradación de redes de proveedores y comercios locales que sostenían la economía de barrio. Las cifras frías —puestos perdidos, caída de la utilización de capacidad, desplome de la producción de cemento y hierro— esconden historias de familias que pierden su única fuente de ingresos y chicos que ven reducir sus expectativas de futuro.
Frente a este panorama, los trabajadores y sus organizaciones no se limitan a resistir. La grieta impuesta por la política nacional —entre quienes promueven una salida por la primarización y quienes reivindican la industria como columna vertebral del desarrollo— abre un debate esencial: qué país y qué modelo productivo se quiere para el futuro. “Los trabajadores no solo nos oponemos y peleamos todos los días contra estos saqueadores y los denunciamos y combatimos, sino que debemos poner nosotros en discusión en qué país queremos vivir y cómo vamos a realizarlo”, sintetiza el reclamo desde los sindicatos.
El escenario económico que señalan las centrales sindicales y las organizaciones de la industria plantea preguntas urgentes para las autoridades provinciales y nacionales: ¿qué medidas de sostén se propondrán para frenar el cierre de fábricas? ¿Cómo se protegerá el empleo registrado frente a la arremetida de costos energéticos y cambiarios que multiplican los gastos en dólares? ¿Se impulsará una política industrial activa —con incentivo a la inversión, control de tarifas energéticas y apoyo a la demanda— que permita recomponer la actividad?
Mientras tanto, en las plantas de Quilmes y Luján, en los talleres textiles de La Matanza o en las obras que detuvieron su ritmo, la realidad cotidiana se impone: menos máquinas en funcionamiento, menos horas pagadas y más incertidumbre. Para quienes trabajan, la discusión no es abstracta: se trata de mantener la producción, el salario y la dignidad del trabajo.
El debate político y social que se abre en la provincia de Buenos Aires será definitorio para el conjunto del país. Si la primarización sigue avanzando y el cordón industrial continúa en retroceso, el costo social y económico será difícil de revertir. La respuesta, sostienen referentes sindicales y de la industria, no puede ser dejar en manos de los grandes grupos concentrados y de recetas externas el destino de la producción y el empleo argentino. De eso depende, en buena medida, el futuro de millones de hogares y la posibilidad de construir un modelo de desarrollo que ponga la redistribución y el trabajo digno en el centro de sus prioridades.
