El desafío de la informalidad laboral emparentada con la pobreza
Un reciente informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desarrollado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), expone un alarmante aumento en la informalidad laboral emparentada con la pobreza en Argentina. Durante el último año, el 36,7 % de las personas económicamente activas se desempeñaron sin empleo registrado. Este porcentaje incluye a 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia que no están inscriptos en la seguridad social.
La investigación destaca que tener un trabajo no asegura superar la línea de pobreza: el 59 % de quienes trabajan informalmente perciben ingresos por debajo del costo de la canasta básica, que en noviembre alcanzó los 1.001.466 pesos según el Indec. Además, el 63 % de estos trabajadores pertenece a hogares considerados pobres, con necesidades básicas insatisfechas.
Este incremento en la tasa de informalidad laboral refleja niveles similares a los registrados en 2008, con los jóvenes como el grupo más afectado. Según el informe, el 64 % de las personas jóvenes que trabajan en relación de dependencia carecen de cobertura laboral y seguridad social, un porcentaje 28 puntos más alto que el promedio general.
En este contexto, el gobierno actual, liderado por Javier Milei, anunció la creación del “Índice de Capital Humano”, una nueva herramienta estadística impulsada por la ministra Petovello y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Aunque los detalles sobre las variables que compondrán este índice no fueron revelados, el objetivo es medir la pobreza más allá de los ingresos económicos. La ministra indicó que el Indec continuará publicando sus estadísticas habituales, mientras que el nuevo índice será una medición paralela orientada a otros indicadores.
La presentación de este índice generó críticas, ya que se percibe como un intento de modificar la forma en que se evalúa la pobreza sin explicar claramente los parámetros utilizados. Para muchos, esto refleja una estrategia del gobierno para «maquillar» la realidad económica y social en un momento de gran desigualdad y exclusión laboral.
Mientras tanto, el informe del IIEP pone en evidencia la urgente necesidad de políticas públicas orientadas a reducir la informalidad laboral y garantizar condiciones dignas para los trabajadores, especialmente para los sectores más jóvenes y vulnerables de la población.
