El jueves 20, la CGT movilizará contra el plan económico
La CGT resolvió movilizarse el próximo jueves 20 de agosto al Ministerio de Economía junto con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en una jornada que tendrá como eje el creciente endeudamiento de los hogares y las dificultades que enfrentan millones de trabajadores para sostener sus gastos cotidianos. La protesta buscará cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei y rechazar la idea oficial de que las dificultades para afrontar las deudas constituyen exclusivamente un problema entre particulares.
La decisión fue adoptada durante una reunión realizada ayer en la sede de Azopardo, donde la conducción de la central obrera definió avanzar con una nueva movilización. La convocatoria será parte de un plan de lucha que viene tomando forma en las últimas semanas y que incluyó la participación sindical en la marcha contra la extranjerización de tierras, el acompañamiento a los jubilados que se movilizan semanalmente al Congreso y la tradicional jornada del 7 de agosto bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
El reclamo sindical pondrá el foco en una problemática que atraviesa a cada vez más hogares: la necesidad de recurrir al crédito para cubrir consumos esenciales. Un informe elaborado por la consultora Eco Go junto con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral señaló que la mora consolidada alcanzó el 17,5% del crédito destinado a las familias, lo que representa el vigésimo incremento mensual consecutivo. El mismo relevamiento indicó que el 26,1% de los deudores registra al menos un saldo irregular en sus compromisos financieros.
Para las organizaciones sindicales, estos datos deben analizarse en el contexto de la pérdida del poder adquisitivo y del aumento de los costos de los servicios y de los productos básicos. El endeudamiento ya no estaría vinculado solamente al financiamiento de bienes de consumo durables, sino también a la necesidad de cubrir las compras del supermercado, pagar las facturas o llegar a fin de mes. Además, las estadísticas formales no contemplan los préstamos informales otorgados por prestamistas particulares, una modalidad que agrega una dimensión todavía más compleja al problema.
Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Estado no prevé implementar medidas de asistencia para quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros y definió la situación como “un tema entre privados”. La CGT y las organizaciones que participarán de la movilización cuestionan esa interpretación y consideran que el nivel de endeudamiento familiar es una consecuencia directa de las políticas económicas implementadas por el Gobierno.
En ese diagnóstico también aparece la discusión sobre la distribución de los ingresos. Mientras el Ejecutivo promueve beneficios fiscales para grandes inversiones mediante herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las centrales obreras denuncian que los trabajadores deben afrontar aumentos en servicios esenciales y alimentos con ingresos que pierden capacidad de compra. La combinación de salarios insuficientes, tarifas más elevadas y mayores costos de la canasta básica empuja a numerosos hogares a buscar fuentes adicionales de ingresos, incluyendo segundos y terceros empleos.
La situación adquiere una dimensión particularmente crítica entre los adultos mayores. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda registró que unas 27 mil personas mayores de 65 años regresaron al mercado laboral entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026. El incremento de la cantidad de ocupados en esa franja etaria fue del 4,5%, en un período en el que los ingresos previsionales enfrentaron fuertes dificultades para acompañar el costo de vida.
El mismo relevamiento mostró un crecimiento significativo del endeudamiento de los jubilados con proveedores no financieros de crédito. En diciembre de 2024 había 1.143.000 personas mayores de 65 años con este tipo de deudas. En agosto de 2025 la cifra había trepado a 1.269.000 y en febrero de 2026 alcanzó 1.346.000. En apenas 14 meses se incorporaron más de 203 mil adultos mayores a estos circuitos de financiamiento, un aumento del 17,7%.
La gravedad del cuadro quedó expuesta esta semana con el caso de una pareja de jubilados de Cipolletti que habría intentado quitarse la vida en medio de una situación de endeudamiento y dificultades para afrontar la renovación del alquiler. El hombre murió y su pareja permanece internada bajo atención psiquiátrica. El episodio volvió a poner en primer plano el impacto social que pueden tener las dificultades económicas extremas, aunque cualquier conclusión sobre las causas del hecho requiere cautela hasta que avance la investigación.
La movilización del 20 de agosto buscará, precisamente, instalar esa discusión en el centro de la agenda política. Para la CGT, las CTA y la UTEP, el endeudamiento de las familias no puede ser separado de la evolución de los salarios, las tarifas, los precios de los alimentos, el empleo y las políticas de transferencia de recursos.
El conflicto forma parte de una disputa más amplia sobre el modelo económico. Las centrales sindicales sostienen que mientras determinados sectores empresariales reciben beneficios y avanzan sobre áreas estratégicas de la economía y los recursos naturales, una parte creciente de la población debe endeudarse para garantizar necesidades básicas.
El plan de lucha acordado el mes pasado por la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, tendrá así un nuevo capítulo frente al Ministerio de Economía. La protesta buscará transformar las cifras de endeudamiento en un reclamo político: para las organizaciones convocantes, el deterioro de la economía de los hogares no es un problema privado, sino una consecuencia de las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno y una expresión concreta de la disputa por la distribución de la riqueza.
