Informalidad laboral: lo que crece es la exclusión
Un nuevo informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA dibuja, con números duros, el mapa de una agenda laboral que retrocede: la informalidad laboral alcanza ya a 4 de cada 10 trabajadores del país. El documento, titulado Panorama del empleo informal y la pobreza laboral (septiembre 2025), muestra que la tasa de informalidad trepó al 43,2% en el segundo trimestre de 2025.
La radiografía que presenta el estudio no es neutra: expone cómo la desprotección laboral se ha instalado en forma estructural y desigual. Entre quienes dependen de un empleador, la informalidad llegó al 37,7%, el nivel más alto en más de una década para ese segmento; entre los trabajadores por cuenta propia el registro es todavía más grave, y los empleadores también muestran brechas relevantes.
La generación que debería construir el futuro es la más castigada. En el tramo etario de 16 a 24 años, la tasa de trabajo no registrado alcanza el 63%: seis de cada diez jóvenes están afuera del sistema de protección social, sin aportes ni cobertura. Ese dato expone no sólo una carencia de oportunidades dignas, sino un riesgo de precarización instalada que reproducirá la desigualdad.
Los efectos se concentran además en ramas específicas. Trabajo doméstico y construcción registran porcentajes de informalidad que rozan las tres cuartas partes de la fuerza laboral en esos sectores: 75,4%. El comercio mayorista y minorista —otro gran bolsillo de empleo— también aporta una proporción elevada de trabajadores sin registro, lo que explica en buena medida la magnitud del problema a escala nacional.
La precariedad salarial acompaña a la falta de registro. El informe calcula que, en promedio, las personas que trabajan en negro cobran un 44% menos que quienes tienen empleos formales con características comparables. Esa brecha no es un número frío: se traduce en hogares que, aun con ocupación, quedan por debajo de la línea de la canasta básica y entran en la categoría de trabajadores pobres.
Más datos que hablan claro: en el primer trimestre analizado, el 42% de los trabajadores informales vivía en hogares pobres (frente a 12% entre los formales), y un 40% de los informales percibía ingresos por debajo de la canasta básica (contra 5% de los registrados). Es decir: tener trabajo dejó de ser, por sí solo, sinónimo de una vida digna.
El mapa regional también revela heterogeneidad y agravio: aglomerados como Gran Tucumán–Tafí Viejo y Gran San Juan aparecen con tasas de informalidad por encima del 50–60%, mientras que la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires muestran valores relativamente menores. Esa geografía de la precariedad subraya que la crisis laboral no es homogénea; tiene rostros y territorios.
¿Qué implican estos datos en clave política y social? El diagnóstico del EDIL permite sostener que las políticas públicas implementadas en el periodo analizado no han frenado —y en muchos casos han facilitado— la expansión del trabajo sin derechos. Más allá de las etiquetas discursivas sobre “flexibilización” o “modernización” del mercado laboral, la evidencia señala que lo que crece es la exclusión: menos aportes, menos cobertura sanitaria y menos protección frente a la crisis económica.
Las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales han denunciado desde hace tiempo la metamorfosis del empleo: desregulación de puestos, pérdida de empleo registrado y multiplicación de tareas en negro. Este informe académico aporta la documentación cuantitativa para que esas alertas no sean sólo testimonios aislados sino un cuadro estadístico que exige respuestas públicas concretas: políticas activas de empleo, incentivos al registro, control efectivo del cumplimiento y planes de formación orientados a integrar a los jóvenes al trabajo con derechos.
El desafío es claro y urgente: revertir la tendencia requiere decisiones que prioricen el trabajo con marco legal y protección social. De lo contrario, la “normalización” de la informalidad —convertir en cotidiana la pérdida de derechos laborales— profundizará la pobreza laboral y consolidará un mercado de trabajo cada vez más fragmentado. Los números del informe de la UBA no son una predicción fatalista; son una advertencia que interpela a quienes gobiernan y a las fuerzas sociales que todavía pueden forzar alternativas.
Foto: Chequeado
