Kicillof hoy va a la Corte por la deuda al IPS
Tras su paso por España, Axel Kicillof volverá este martes al centro de la escena bonaerense con una agenda que lo ubica de lleno en la principal pulseada política y financiera con Javier Milei: el reclamo por los fondos previsionales que Nación dejó de girar a la Provincia y que ya desembocó en la Corte Suprema. A las 11, el máximo tribunal celebrará la segunda audiencia entre ambas administraciones para intentar encauzar una disputa que, más allá del expediente, condensa dos modelos de gestión del Estado y del federalismo.
La controversia gira en torno a la caja jubilatoria bonaerense, administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Según la Provincia, el Estado nacional adeuda más de $2,2 billones en transferencias vinculadas al sistema previsional, una suma que la administración de Kicillof vincula con pagos omitidos desde 2020 y con la interrupción total de adelantos desde 2024.
La audiencia de este martes llega después del primer encuentro convocado por la Corte el 17 de marzo, cuando representantes de ambos gobiernos estuvieron cara a cara por primera vez en el marco del reclamo bonaerense. Aquella instancia terminó con una nueva convocatoria y con la exigencia de que, hasta entonces, las partes intercambiaran información técnica y avanzaran en conversaciones para intentar un acuerdo. Kicillof confirmó su presencia en esta segunda reunión.
Del lado bonaerense, el conflicto se presenta como una deuda derivada de la obligación de la Anses de transferir fondos equivalentes a la diferencia entre lo que cobra un jubilado provincial y lo que habría percibido dentro del régimen nacional. La Provincia sostiene que el cálculo se realiza sobre la base de adelantos mensuales y de una auditoría que, según Nación, todavía no está terminada; Buenos Aires, en cambio, afirma que ya aportó la documentación necesaria. En la audiencia previa, participaron el fiscal de Estado Hernán Gómez, el ministro de Economía Pablo López, el asesor general Santiago Pérez Teruel y la titular del IPS, Marina Moretti. Por Nación asistieron funcionarios y apoderados de la Anses.
El trasfondo jurídico también está marcado por una decisión adoptada por el gobierno de Milei en marzo de 2024: el decreto 280 suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023 prorrogado, que regulaban la liquidación mensual de los fondos destinados a las provincias con cajas no transferidas. Desde entonces, la disputa quedó trabada entre la exigencia bonaerense de reanudar los giros y la posición de Nación, que insiste en la falta de cierre de auditorías como condición para pagar.
La Corte, entretanto, ordenó que el IPS, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia y el Banco Provincia intercambien información con la Anses antes de la nueva audiencia. En el encuentro de este martes, el tribunal espera que las partes informen el estado real de esas conversaciones. En paralelo, el presupuesto nacional 2026 prevé una partida específica para transferencias a cajas previsionales provinciales, aunque el conflicto muestra que la existencia de crédito presupuestario no alcanza por sí sola para destrabar una pelea de carácter político e institucional.
La dimensión política del caso es ineludible. Kicillof busca mostrar que la Provincia pelea por recursos que considera propios y por derechos previsionales de sus trabajadores y jubilados; Milei, por su parte, sostiene una política de fuerte ajuste y recorte del gasto público que ya tensionó la relación con gobernadores de distinto signo. La audiencia en la Corte, por lo tanto, no solo ordena una disputa contable: expone el choque entre un proyecto que reclama sostener el financiamiento provincial y otro que prioriza la retracción del Estado nacional.
En el frente sindical, el tema también ganó calle. Este lunes, Suteba y otros sectores docentes marcharon a sedes de la Anses en la provincia para exigir la devolución de los fondos retenidos y advertir que la interrupción de las transferencias afecta a los trabajadores bonaerenses y a la caja previsional. La movilización sumó presión sobre una negociación que ahora quedó en manos de la Corte y que, por volumen fiscal y peso político, promete seguir marcando la agenda bonaerense y nacional en las próximas semanas.
