La Iglesia reclama por las personas con discapacidad

El ajuste salvaje del gobierno de Javier Milei no se detiene, y sus consecuencias comienzan a generar reacciones incluso en sectores que, históricamente, han mantenido una postura más moderada. Esta vez, la Iglesia Católica alzó su voz contra el desfinanciamiento de las políticas públicas para personas con discapacidad, una de las expresiones más crueles del modelo de recorte impulsado por el oficialismo.

En un país donde la política económica abandona a los más vulnerables, resulta cada vez más evidente que la lógica de “sálvese quien pueda” no garantiza oportunidades, sino exclusión. En ese marco, los obispos de la Comisión Ejecutiva del Episcopado publicaron un documento en el que expresan su “sorpresa y preocupación” por el desinterés del Gobierno ante la realidad de miles de personas con discapacidad que hoy sufren el abandono estatal.

“El acceso a servicios esenciales como salud, educación, rehabilitación o apoyos profesionales se ha vuelto incierto y limitado”, advierte el texto, que denuncia también el esfuerzo en soledad de muchas familias, sin respaldo ni reconocimiento institucional. Para los obispos, “cada persona humana posee una dignidad infinita que debe ser reconocida y protegida más allá de cualquier circunstancia”.

El respaldo no quedó solo en palabras. El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, encabezó un abrazo simbólico en el Polo Sanitario de esa ciudad, sumándose al clamor popular por mayor sensibilidad social. “La Iglesia tiene la obligación de acompañar a todos, especialmente a quienes están más golpeados por la vida”, expresó Rossi. También se sumó al pronunciamiento monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El posicionamiento del clero es un síntoma más del malestar creciente frente a una administración que actúa como vocera de los grandes grupos económicos internacionales. Lo que está en juego no es simplemente una reducción presupuestaria, sino el vaciamiento de toda idea de justicia social y equidad. El Estado se retira y deja a millones librados a su suerte, mientras los sectores concentrados del capital avanzan sin freno en el saqueo de lo público.

La brutalidad de esta política se expresó, sin eufemismos, en las palabras del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien respondió a una madre preocupada por su hijo autista que “si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es un problema de tu familia, no del Estado”. Su frase, que compara los derechos básicos con el pago de un peaje, revela el cinismo y la deshumanización que imperan en las filas del gobierno.

Frente a este panorama, cada vez más sectores sociales y religiosos coinciden en el diagnóstico: el rumbo económico y político que impulsa Milei, títere de los intereses extranjeros, busca destruir las capacidades estatales, dinamitar los lazos solidarios y consagrar la ley del más fuerte. Pero también crece la conciencia de que es posible construir una alternativa popular, democrática y humanista frente al proyecto de los monopolios.

La Iglesia es hoy uno de los escenarios en disputa, donde conviven sectores conservadores y otros más comprometidos con el sufrimiento del pueblo. Lo cierto es que, en este contexto, su pronunciamiento tiene un valor político claro: cuestiona la insensibilidad del modelo libertario y se suma al reclamo por un país que priorice la dignidad humana por sobre el lucro empresarial.

Mientras tanto, el desafío de las mayorías es mayor que nunca: organizarse para construir una fuerza que frene este experimento de ajuste permanente y dependencia colonial, y abra paso a un futuro de justicia social, integración y verdadera soberanía.