La industria en caída libre, por donde se la mire

El último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) vuelve a encender las alarmas: la actividad industrial muestra una caída sostenida que, según el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), colocó al sector en 43,8 puntos en octubre de 2025 —muy por debajo del umbral de 50 que marca expansión— y consolida una tendencia contractiva que se repite mes a mes.

Los números son contundentes. Un 40,3% de las empresas industriales redujo su nivel de producción respecto del promedio del tercer trimestre del año, mientras que apenas el 21,3% registró aumentos. La retracción se acompaña de descensos en ventas internas —el 47,4% de las empresas reportó bajas frente a un 21,0% que anotó incrementos— y en el frente externo, donde el 25,1% de las compañías registró caídas en exportaciones contra un 18,2% que vio subas.

Detrás de los porcentajes hay hogares y puestos de trabajo en riesgo. Según la encuesta de la UIA, el 21,0% de las empresas redujo dotación de personal; otro 23,5% ajustó turnos laborales y el 7,7% aplicó suspensiones por baja de actividad. Estas medidas configuran una erosión de las condiciones laborales que afecta los ingresos de miles de familias y presiona la dinámica del consumo interno, cerrando así un círculo vicioso entre caída de ventas y pérdida de empleo.

Además, la presión sobre la liquidez empresarial se hace notar: un 8,2% de las firmas declaró atrasos en pagos fundamentales —salarios, proveedores, servicios e impuestos— un fenómeno que no se observaba con esta magnitud desde hace años y que agrava la fragilidad del entramado productivo.

Sectores más golpeados: textiles, metalurgia y manufactura liviana

La contracción no es uniforme. Los rubros más afectados son los relacionados con textiles; metales comunes y productos de metal; y confecciones, cuero y calzado —todos con MDI por debajo del promedio general—. Estas ramas comparten una alta dependencia del mercado interno, sensibilidad directa a la caída del consumo y menor capacidad para trasladar aumentos de costos a precios sin perder volumen.

La situación de estos sectores tiene impacto territorial: son actividades concentradas en numerosas pymes y en localidades donde la industria es un eje de empleo. La fragilidad de esas cadenas productivas reverbera en la precarización de economías regionales y barrios industriales.

En contraste con la foto actual, la encuesta registra un giro en la percepción empresarial: el 60,4% de las empresas prevé una mejora en su situación económica en los próximos meses (frente al 48,6% del relevamiento anterior). Además, el 57,0% espera un repunte en su sector (vs. 46,4%) y el 68,6% confía en una mejora de la economía nacional (vs. 53,1%).

La UIA atribuye ese repunte en las expectativas a un entorno financiero más calmo tras las elecciones y a una baja en las tasas de interés, factores que podrían facilitar el acceso al crédito y reactivar la inversión. Sin embargo, para que ese optimismo se traduzca en recuperación real se requieren medidas concretas que actúen sobre la demanda y alivien los costos de las empresas.

Para la mayoría del empresariado, el principal problema sigue siendo la caída de la demanda interna —mencionada por el 41,0% de las firmas—. Le siguen los costos laborales, el aumento de insumos y los costos financieros. Estas tensiones combinadas limitan la capacidad de las empresas, especialmente de las pymes, para sostener planteles y mantener la producción.

En un contexto así, la baja en las tasas puede ayudar, pero no alcanza: si el poder de compra de los hogares continúa erosionado, las fábricas no lograran recuperar volúmenes de venta. Y si las pymes siguen acumulando atrasos en sus obligaciones, los cierres y la pérdida de empleo podrían profundizar la recesión industrial.

Qué se juega en 2026: dos caminos divergentes

La UIA y los industriales coinciden en que 2026 será un año crítico. Si las expectativas de reactivación se confirman —con mejora del consumo interno, estabilidad macroeconómica, costos razonables y medidas de estímulo a la inversión—, podría marcarse un punto de quiebre. Si no, la contracción podría profundizarse, con efectos directos sobre empleos e ingresos de miles de familias.

La urgencia es doble: contener la emergencia social que genera el desplome productivo y construir —desde políticas públicas activas y diálogo social— un sendero de industrialización con justicia social. Entre las medidas que reclaman sindicatos, pymes y organizaciones sociales figuran: políticas de incentivo a la demanda (programas de compra pública orientada a la producción local, recuperación del poder adquisitivo de los salarios), créditos subsidiados para inversión en capacidades productivas, medidas de protección y promoción de las cadenas de valor locales, y una política fiscal y de tarifas que alivie costos sin cargar el peso sobre trabajadores y pequeñas empresas.

Los números de la UIA configuran un diagnóstico claro: la industria argentina enfrenta una contracción que amenaza empleos y dignidad laboral en sectores centrales del tejido productivo. El optimismo en las expectativas abre una ventana de oportunidad, pero sin políticas públicas orientadas a recomponer el mercado doméstico y a sostener a las pymes, la recuperación correrá el riesgo de quedar en intenciones.

En juego está mucho más que indicadores: están los salarios, la estabilidad de barrios enteros y la posibilidad de que la industria vuelva a ser motor de desarrollo con inclusión. Para evitar que la contracción se transforme en desindustrialización social, hacen falta decisiones públicas valientes y un cambio de prioridades que ponga a la producción y al trabajo en el centro de la reconstrucción nacional.