La Justicia obliga salvar el Banco Genético
El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante la situación de fuerte deterioro presupuestario que atraviesa el organismo clave para la identificación de hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
La decisión judicial se tomó luego de las presentaciones realizadas por Abuelas de Plaza de Mayo, que alertaron sobre el riesgo de paralización de estudios de ADN fundamentales en causas por apropiación de menores y supresión de identidad.
En una medida cautelar interina, el magistrado ordenó a Adorni garantizar “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para sostener la actividad del Banco. Además, exigió resguardar el Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras biológicas, las condiciones ambientales indispensables para conservar el material y los sistemas de seguridad física e informática.
La resolución también alcanza al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien le requirió que en un plazo de cinco días informe cuál sería la responsabilidad del Estado en caso de una eventual interrupción del servicio. En su fallo, Ramos Padilla advirtió que una eventual paralización del organismo podría comprometer seriamente investigaciones por delitos de lesa humanidad que tramita actualmente la Justicia federal.
La alarma se activó a partir de una serie de notas enviadas por la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, a distintos juzgados y tribunales federales. En esas comunicaciones, la funcionaria detalló que el ajuste presupuestario ya impactó en la operatoria diaria del organismo. Según expuso, debieron suspenderse viajes para tomar muestras biológicas y comenzaron a registrarse dificultades para sostener servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento informático y preservación ambiental.
La advertencia más grave llegó días atrás, cuando el Banco informó que ya no podía continuar con la toma de muestras biológicas por falta de recursos. También señaló la imposibilidad de adquirir equipamiento para conservar adecuadamente nuevas muestras genéticas, un aspecto considerado central para evitar el deterioro del material utilizado en pericias judiciales.
Creado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín a partir de un reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos se consolidó como una herramienta central en la búsqueda de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado y en la reconstrucción de identidades vulneradas por la dictadura. Actualmente conserva alrededor de 32.000 muestras genéticas vinculadas a causas de lesa humanidad y a procesos de restitución de identidad.
En su resolución, Ramos Padilla describió al organismo como un ámbito “técnico esencial e irremplazable” y subrayó que, en numerosos expedientes, las pericias genéticas constituyeron “la única prueba científica idónea” para determinar el verdadero origen biológico de las víctimas. El juez recordó además casos tramitados en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, entre ellos los de Elena Gallinari Abinet, Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca.
Desde Abuelas advirtieron que el desfinanciamiento podría provocar “un daño irreversible” en la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la dictadura, además de afectar nuevas investigaciones vinculadas al derecho a la identidad. La organización que encabeza Estela de Carlotto también recordó que el Gobierno había intentado modificar la estructura del organismo primero a través de la Ley Bases y luego mediante el Decreto 351/2025.
En paralelo, la diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto para que el Congreso exhorte al presidente Javier Milei a preservar el funcionamiento del Banco. Desde el Gobierno bonaerense también surgieron críticas: la Subsecretaría provincial de Derechos Humanos recordó las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de investigación y reparación de delitos de lesa humanidad.
Uno de los puntos que más preocupación genera en el ámbito judicial y entre los organismos de derechos humanos es la preservación de las muestras biológicas. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, cualquier falla en la refrigeración, la climatización o el monitoreo ambiental podría comprometer pruebas genéticas decisivas para causas en trámite. Ramos Padilla remarcó que la guarda de esos datos resulta indispensable no solo para las investigaciones actuales, sino también para futuros casos de personas que todavía dudan sobre su identidad.
