Ley de Tierras en riesgo
Amnistía Internacional lanza una Acción Urgente para exigir su protección
Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente para exigir al Congreso de la Nación que garantice la protección de las tierras rurales argentinas. A través de su red global, la organización busca movilizar a miles de personas de distintos países para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de la Ley de Tierras (26.737).
Sancionada en 2011, esta ley establece que las personas y empresas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, con límites que también se aplican a nivel provincial y municipal. Además, establece restricciones a la concentración de tierras y mecanismos para controlar su adquisición.
La eliminación de estas protecciones no es solo una cuestión de propiedad: puede tener consecuencias directas sobre derechos humanos fundamentales. La falta de regulación sobre la adquisición y concentración de tierras rurales puede incrementar las presiones vinculadas a actividades agropecuarias, extractivas y otros grandes proyectos económicos, con consecuencias para el ambiente, los medios de subsistencia y el acceso a la tierra.
Estos riesgos pueden afectar especialmente a los pueblos indígenas y las comunidades rurales, cuyos derechos, culturas y modos de vida están estrechamente vinculados con sus territorios.
“La tierra no es solamente un bien que se compra o se vende. De su protección dependen los derechos de comunidades enteras y el cuidado del ambiente. El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de quienes habitan esos territorios no queden subordinados a intereses económicos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
