Los fusilamientos de José León Suárez son crímenes de lesa humanidad

En los tribunales federales de San Martín se dio a conocer ayer el veredicto del juicio por la verdad que investigó los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956. La resolución judicial reconoció la larga lucha impulsada durante décadas por familiares, sobrevivientes y organizaciones políticas y de derechos humanos en reclamo de memoria, verdad y justicia por las víctimas de la represión desatada durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.

A casi 70 años de aquellos hechos, la Justicia federal de San Martín declaró al Estado argentino responsable por crímenes de lesa humanidad. Tras la investigación y el debate oral y público desarrollado la semana pasada, la jueza Alicia Vence atribuyó responsabilidad penal por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado a los dictadores Aramburu y Rojas, al exsecretario de Inteligencia del gobierno de facto, Juan Ceferino Quaranta, al exjefe de la policía bonaerense Desiderio Fernández Suárez y al responsable de la Unidad Regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno. Todos murieron impunes, aunque el fallo sostuvo que les hubieran correspondido penas de prisión perpetua.

Aunque no pudo haber condenas en vida, el proceso permitió que la Justicia estableciera formalmente que lo sucedido integró un conjunto de delitos de lesa humanidad. En su lectura, Vence dio por probado que el 9 de junio de 1956, cerca de las 23.20, y por orden del Poder Ejecutivo Nacional encabezado provisoriamente por Aramburu y Rojas, se allanó la vivienda ubicada en Hipólito Yrigoyen 4519, en Florida. En ese domicilio funcionaban dos casas: en la del fondo estaban reunidos Mario Brion, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Vicente Rodríguez, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Juan Carlos Livraga y Julio Torres; mientras que en la casa de adelante se encontraban Horacio Di Chiano y Miguel Ángel Giunta.

De acuerdo con la sentencia, en el operativo intervinieron la Secretaría de Inteligencia, a cargo de Quaranta, y la Policía bonaerense, conducida por Fernández Suárez. “Todos, salvo Torres, que logró escapar, fueron detenidos. También Julio Troxler y Reinaldo Benavidez, que llegaban en ese momento”, señaló la magistrada. Luego fueron trasladados a la Unidad Regional de San Martín, donde permanecieron incomunicados. Horas más tarde, ya en la madrugada, fueron trasladados en un colectivo de línea hasta la zona de los basurales de José León Suárez. Allí, en un procedimiento dirigido por Rodríguez Moreno y bajo las órdenes de Fernández Suárez, fueron fusilados.

Como consecuencia de esa ejecución clandestina murieron Carranza, Garibotti, Rodríguez, Lizaso y Brion. Livraga sobrevivió con heridas de bala en el rostro y un brazo. Giunta consiguió escapar, aunque tiempo después volvió a ser detenido. Di Chiano fingió su muerte y logró permanecer oculto durante varios meses. Gavino se asiló en la embajada de Bolivia, mientras que Troxler y Benavidez lograron huir a ese país. Díaz permaneció escondido durante meses y luego fue encarcelado.

La jueza consideró que el fallo constituye “una forma de reparación” para las víctimas, los sobrevivientes y sus familias. Además, dispuso una serie de medidas complementarias a pedido de la querella. Entre ellas, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos a relevar la documentación existente en el Fondo Isaac Rojas, hoy integrado al Archivo General de la Nación, para determinar si contiene elementos vinculados con los crímenes cometidos durante la dictadura.

También exhortó a la Secretaría de Educación de la Nación y al Ministerio de Educación bonaerense a incorporar en los programas de estudio los hechos acreditados en la sentencia. En paralelo, ordenó al Estado nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires instalar placas conmemorativas en la casa de Florida donde se produjeron los secuestros, en los lugares utilizados para la detención y en los basurales de José León Suárez. Asimismo, dispuso que las víctimas sean incluidas en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE).

En otro tramo, pidió al Congreso nacional, a la Legislatura bonaerense y a los concejos deliberantes de San Martín y Vicente López que declaren de interés los hechos reconocidos por la sentencia y avancen en la creación de un sitio de memoria en el lugar donde ocurrieron los fusilamientos.

Durante la audiencia, el abogado Alberto Palacios, representante de los sobrevivientes y de las familias de los asesinados, agradeció a los familiares por no haber abandonado nunca la búsqueda de justicia y verdad. “Llegamos hasta aquí por ustedes”, sostuvo al iniciar su exposición. También destacó que se trata de la primera vez que un tribunal penal federal se pronuncia sobre lo ocurrido en los basurales de José León Suárez y remarcó el largo período en que las víctimas y sus allegados estuvieron impedidos de acceder a la Justicia.

Palacios subrayó que las familias hablaron por primera vez ante un tribunal después de 70 años y que sus relatos no necesitaban mayores adornos jurídicos. Según planteó, los secuestros de la noche del 9 de junio de 1956 en Florida y el fusilamiento colectivo del día siguiente no pueden entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un esquema de represión ilegal desplegado por el régimen de Aramburu y Rojas contra la oposición política, en particular contra el peronismo.

En ese marco, recordó el bombardeo a Plaza de Mayo de junio de 1955, la posterior proscripción del peronismo y las prohibiciones impuestas a toda referencia a Juan Domingo Perón, a los símbolos del movimiento y hasta a la consigna “Viva Perón”. También mencionó la desaparición del cuerpo de Eva Perón como parte de ese proceso de persecución política.

Para la querella, el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle fue una respuesta armada a esa ofensiva represiva, y los fusilamientos de José León Suárez integraron una trama mayor de asesinatos perpetrados por el régimen, que incluyó al propio Valle entre sus víctimas.

Con este pronunciamiento, la Justicia dio un paso largamente esperado por los familiares, los sobrevivientes y las organizaciones que durante décadas sostuvieron la memoria de aquellos compañeros asesinados. El fallo no repara el tiempo perdido ni borra la impunidad, pero reconoce oficialmente una verdad que fue defendida durante generaciones por quienes nunca dejaron de reclamar justicia.