Los trabajadores de la Salud mañana harán paro y movilización
Trabajadores de la salud nucleados en ATE confirmaron un paro nacional con movilización para mañana, jornada en la que el Parlamento debatirá los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría. La medida de fuerza se sumará a la marcha ya convocada por el movimiento universitario, en una señal de unidad entre sectores golpeados por las decisiones de gobierno.
El tratamiento en el Congreso tiene como eje central dos rechazos del Poder Ejecutivo: uno que abarcaría recursos para hospitales pediátricos y otro que repone partidas para las casas de estudio públicas. Esa discusión parlamentaria llegó acompañada de una fuerte reacción social: sindicatos docentes y no docentes, estudiantes y trabajadores de la salud confluirán en una gran movilización en defensa de la educación y la atención pública.
La conducción de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, justificó la medida como una respuesta a recortes que, en su diagnóstico, golpean los pilares del sistema público. Desde su secretaría General advirtieron que ajustar partidas esenciales para hospitales y universidades supone dejar por fuera a amplios sectores de la población y profundizar la desigualdad en el acceso a la salud y la educación. La organización exige al Congreso que rechace los vetos y llama a poner en primer plano la protección de los servicios públicos.
A la movilización se suman, además, otros actores sociales que vienen resistiendo los lineamientos oficiales; en los últimos días los jubilados han mantenido protestas continuas contra las políticas económicas del Ejecutivo, que para los convocantes implican pérdida de derechos y aumento de la vulnerabilidad. El mapa de la protesta, por tanto, excede a un solo gremio: muestra un frente amplio que articula reclamos sociales, laborales y estudiantiles.
Desde distintos frentes críticos al gobierno sostienen que la sucesión de vetos y recortes responde a una orientación económica que prioriza ajustes y desmantelamiento de capacidades productivas y públicas, en detrimento de la industria, la ciencia y los servicios esenciales. Esa lectura encuentra eco en las plazas y en los hospitales: la disputa por el presupuesto se transformó en un punto de conflicto central entre el Ejecutivo y un amplio arco social que demanda políticas públicas que garanticen derechos.
La jornada del miércoles aparece, así, como una prueba de fuerza política y social: más allá del reclamo puntual por la restitución de fondos, la movilización expresa la determinación de trabajadores, estudiantes y organizaciones populares de impedir que el ajuste avance sobre la salud y la educación públicas. En las calles y en las instituciones se juega, para los convocantes, la posibilidad de preservar servicios públicos universales frente a una agenda que, según ellos, apuesta por la concentración y la primarización de la economía.
