Los estatales bonaerenses aceptaron el 6% ofrecido por Kicillof
La propuesta del gobierno de Axel Kicillof fue aceptada por la mayoría de los gremios comprendidos en la Ley 10.430. El incremento se aplicará en dos cuotas del 3%, calculadas sobre los salarios de septiembre, y las partes volverán a negociar en diciembre. La discusión con los docentes continúa pendiente.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública alcanzaron un entendimiento salarial que establece una mejora del 6% para los próximos dos meses. La oferta presentada este viernes por la gestión de Axel Kicillof obtuvo el aval de la mayoría de las organizaciones gremiales que nuclean al personal comprendido en la Ley 10.430.
El esquema acordado contempla dos actualizaciones del 3% cada una: una correspondiente a octubre y otra a noviembre, ambas calculadas sobre los haberes de septiembre. Además, se estableció que la discusión paritaria volverá a abrirse en diciembre de 2026, cuando las partes evaluarán la evolución de los salarios y las posibilidades de una nueva recomposición.
La propuesta superó las cifras que habían circulado durante los contactos preliminares, cuando se especulaba con incrementos del 1,5% para cada uno de los meses. De esta manera, la administración provincial mejoró los porcentajes que se manejaban antes de la reunión y consiguió avanzar en un acuerdo con buena parte de los representantes de los trabajadores estatales.
Desde la delegación bonaerense de UPCN también señalaron que continuarán las mesas técnicas vinculadas con la carrera administrativa, el área de Lotería, el personal de mantenimiento y la elaboración de un nuevo convenio colectivo de trabajo.
La negociación había quedado pendiente desde fines de septiembre, cuando funcionarios provinciales y dirigentes sindicales mantuvieron un primer encuentro sin que se formulara una propuesta concreta. Ante la falta de definiciones, los gremios reclamaron una actualización de los ingresos para evitar que octubre transcurriera sin una nueva mejora salarial.
El antecedente inmediato era el acuerdo que había establecido una suba del 7%, distribuida entre julio, con un 5%, y agosto, con el 2%.
Las limitaciones financieras de la Provincia. Tras anunciar la propuesta, el Ejecutivo bonaerense advirtió que enfrenta un panorama económico complejo, marcado por la reducción de los ingresos tributarios y la caída de los fondos que recibe del Estado nacional, especialmente de las transferencias no automáticas.
Según planteó la administración de Kicillof, esas restricciones condicionan la capacidad de ofrecer aumentos de mayor magnitud. La situación financiera provincial se convirtió así en uno de los principales argumentos oficiales para explicar los márgenes disponibles en la negociación con los sindicatos.
El acuerdo alcanzado, sin embargo, no cierra el frente de las discusiones salariales en el conjunto del empleo público provincial. Todavía resta conocer la respuesta de los gremios docentes, en un escenario atravesado por reclamos de recomposición de los ingresos, mejoras en las condiciones laborales y mayores garantías de seguridad en las escuelas.
Los conflictos sindicales siguen abiertos. La resolución parcial de la paritaria estatal se produjo en medio de una etapa de creciente actividad gremial en distintos sectores de la administración bonaerense. Durante las últimas semanas, las organizaciones sindicales multiplicaron sus reclamos y medidas de protesta por cuestiones que exceden la actualización de los haberes.
En el ámbito educativo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) impulsó medidas de fuerza vinculadas con la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones de trabajo y los episodios de violencia contra docentes. A su vez, SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET participaron de una jornada de protesta en coincidencia con la Marcha Federal Educativa, que incluyó cuestionamientos al ajuste nacional y al desfinanciamiento de la educación pública.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó sus demandas a la Legislatura provincial el pasado 7 de octubre. La movilización tuvo como eje la necesidad de incorporar al Presupuesto 2027 los recursos que permitan avanzar con los pases a planta permanente, las recategorizaciones y la regularización de las condiciones de contratación.
Para el gremio, la estabilidad laboral y el reconocimiento de los trabajadores que cumplen funciones en el Estado forman parte de una agenda que requiere respuestas específicas, además de las mejoras salariales.
Los conflictos también alcanzan a los municipios. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), encabezada por Hernán Doval, reclama que se convoque al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656. La entidad cuestiona la falta de avances en ese ámbito y exige la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa.
Como parte de sus protestas, el sector realizó cortes de ruta en Cañuelas y Tigre para visibilizar los bajos salarios y reclamar medidas que permitan mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales.
De esta manera, el acuerdo del 6% representa un avance en la negociación entre la Provincia y una parte de los sindicatos estatales, aunque deja pendientes otros reclamos que mantienen la tensión en el sector público. Con la reapertura prevista para diciembre y las negociaciones docentes aún por definirse, la evolución de los ingresos y la situación financiera bonaerense seguirán en el centro de la agenda sindical.
